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¿Austeridad? El Gobierno Nacional agrandaría nóminas de la Procuraduría y la Contraloría

Foto: Presidencia de la República.
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Aunque desde su campaña presidencial Iván Duque prometió ser la cabeza de un gobierno más austero, ni siquiera con la crisis social que atraviesa hoy el país piensa negar los pedidos de algunos que lo acompañan en su gobierno.


Por: Redacción 360 Radio

El presidente Duque respalda dos proyectos que se vienen cocinando en el Congreso de la República y que buscan inflar las nóminas de la Procuraduría y la Contraloría, entidades que están encabezadas por Margarita Cabello y Carlos Felipe Córdoba, aliados de su gobierno.

Así, la reforma de a la nómina de la Contraloría, incluye doblar los procuradores regionales y provinciales, además de los asesores y funcionarios de despacho que los acompañan en sus funciones. Para ellos, Margarita Cabello pide pasar de 32 a 64 procuradores regionales, que ganan más de $10 millones por mes, y de 50 a 100 procuradores provinciales que ganan más de $6 millones.

Pero esto no es todo. La entidad también plantea en el proyecto de ley que se creen tres nuevas salas de procuradores delegados, cuando ya existen 36. Incluso, de aprobarse el proyecto, la procuradora Cabello podría decir cuántos cargos en específico necesita.

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El Ministerio de Hacienda comentó que «no tiene objeciones de tipo fiscal a la iniciativa», a pesar de que se está buscando construir una nueva reforma tributaria porque el país no tiene recursos suficientes. Cabe mencionar que este pronunciamiento se hizo cuando Alberto Carrasquilla aún era el jefe de la cartera.

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Por otra parte, la Contraloría busca más recursos para las contralorías regionales, que de acuerdo con el proyecto serían otorgados por las regiones, con $264.000 millones más al año para contralores de departamentos y municipios. Esta petición se hace aún cuando en 2019 ya se habían creado 1.670 nuevos cargos en la entidad, lo que supuso $250.000 millones extras.

En este panorama, el proyecto presentado por la Procuraduría General tiene carácter de urgencia en el Congreso de la República, lo que hace que sea tramitado más rápido y el actual estallido social podría ser aún peor en caso de que sea aprobado.

Con información de La Silla Vacía*

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