En medio de la controversia generada por versiones difundidas en redes sociales y otros canales no oficiales sobre el futuro de varias vías estratégicas de la Autopistas del Caribe, la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), Seccional Norte, emitió un pronunciamiento para precisar el alcance de la liquidación de la concesión y aclarar que no existe ninguna decisión orientada a desmontar el peaje de Tasajera, ubicado en la vía Ciénaga–Barranquilla.
Panorama general: El gremio advirtió que parte de la confusión se ha originado por la asociación errónea de dos procesos distintos: la terminación anticipada de una concesión nacional y las afirmaciones sobre un corredor vial que responde a un esquema contractual diferente. Esta lectura imprecisa, señaló la CCI, ha generado interpretaciones equivocadas sobre la continuidad de algunos proyectos y sobre el modelo de concesiones en general.
En cuanto a Autopistas del Caribe, la Cámara recordó que se trató de un proyecto de alcance nacional adjudicado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) bajo un esquema de inversión privada. El diseño financiero del contrato contemplaba que la construcción, operación y mantenimiento de la vía se sostendrían exclusivamente con capital privado y con los ingresos provenientes de los peajes, sin participación de recursos públicos.
Sin embargo, el desarrollo del proyecto se vio seriamente afectado por factores externos que escaparon al control de la concesión. Entre ellos, una serie de conflictos sociales y manifestaciones en el territorio que impidieron la entrada en operación de la estación de peaje de Turbaco y la apertura de otros puntos de recaudo previstos en el contrato. Esta situación terminó por comprometer la sostenibilidad financiera del proyecto.
Liquidación de Autopistas del Caribe no afecta el peaje de Tasajera ni la vía Ciénaga–Barranquilla
Por qué es importante: De acuerdo con la CCI, estas circunstancias llevaron a que el contrato no pudiera ejecutarse en los términos inicialmente pactados, lo que derivó en su liquidación anticipada. Tras esta decisión, la administración del corredor pasará al Instituto Nacional de Vías (Invías), entidad encargada de gestionar la red vial del país y de garantizar la operación de los principales ejes logísticos.
Aunque el gremio reiteró que el modelo concesionado ha sido una de las herramientas más eficaces para impulsar el desarrollo de la infraestructura en Colombia, también expresó inquietud frente a la capacidad del Estado para asumir estas responsabilidades de manera eficiente, en un contexto marcado por limitaciones presupuestales estructurales en el sector transporte.
Frente a la vía Ciénaga–Barranquilla, la Cámara Colombiana de Infraestructura fue enfática en señalar que se trata de un proyecto completamente distinto. Este corredor fue concesionado por la Gobernación del Magdalena y su ejecución está a cargo de la concesión Sierra Mar, por lo que no depende ni de la ANI ni del Invías. En consecuencia, las decisiones adoptadas a nivel nacional no afectan su continuidad, operación o mantenimiento.
