Amnistía Internacional afirmó en un informe publicado en las últimas horas, que durante las protestas sociales registradas en Cali el pasado 28 de abril y los días sucesivos, la fuerza pública utilizó “armas letales” contra los manifestantes e hicieron uso excesivo de la fuerza.
Por: Redacción 360 Radio
El informe estudió cientos de denuncias hechas por personas y defensores de derechos humanos, algo que demuestra, según la organización, “un modus operandi llevado a cabo a lo largo del país”.
“Las autoridades colombianas violaron los derechos humanos de quienes se manifestaban pacíficamente en Cali, haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza con el objetivo de desarticularlas. Bajo la justificación del restablecimiento del orden, cientos de personas sufrieron lesiones terribles y decenas de jóvenes perdieron la vida”, dice el reporte.
La investigadora de Amnistía Internacional, María José Varemendi, quien elaboró el informe, explicó que detrás de la respuesta violenta de las autoridades en las protestas en Cali, está “infringir miedo, desincentivar la protesta pacífica y castigar a quienes exigen vivir en un país más justo”.
La experta sostuvo que hicieron una verificación digital del material audiovisual que se recibió en las denuncias, el cual “da cuenta del uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional, en particular, de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD)”.
Además, subrayó que “la organización documentó actos de paramilitarismo urbano cometidos por civiles armados, quienes acompañaron a agentes de la Policía Nacional y, con su aquiescencia y tolerancia, atacaron manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos”.
Amnistía Internacional señaló que la actuación de la Policía y el ESMAD no es asilada o esporádica, “sino que responde a un patrón de accionar violento por parte de las autoridades colombianas, quienes han respondido la protesta con estigmatización, criminalización, represión policial ilegal y militarización”.
La organización insta a las autoridades de Colombia a dar con prontitud una orden inequívoca de detener la represión violenta por parte de la fuerza público, incluyendo, “la interdicción del uso de armas letales como medio de dispersión de multitudes y el uso de gases lacrimógenos contra reuniones pacíficas y/o de forma que implique un riesgo de causar daños excesivos e injustificados”.
Pese a las recomendaciones internacionales, el Gobierno del presidente Iván Duque ha negado en todo momento el exceso por parte de la fuerza pública, y por el contrario, ha respaldado sus labores en medio de las marchas convocadas en el país.