En Colombia, los micronegocios representan el 95% de los establecimientos comerciales y generan cerca del 60% del empleo, según un informe reciente del Banco de la República. Sin embargo, su desarrollo se ve limitado por la informalidad, ya que el 77% de estas pequeñas unidades productivas operan sin cumplir los requisitos legales básicos, como el registro ante la Cámara de Comercio, el pago de impuestos y la afiliación de empleados a seguridad social.
Panorama general: Esta situación impide que accedan a programas estatales de apoyo y, sobre todo, a financiamiento formal, lo que los obliga a recurrir a fuentes informales como los préstamos «gota a gota». Estas líneas de crédito ilegales se caracterizan por tasas de interés excesivamente altas y prácticas coercitivas para el cobro de deudas, lo que pone en riesgo la estabilidad de los negocios y la seguridad de los emprendedores.
El informe del Banco de la República, basado en los resultados de la Encuesta de Micronegocios (Emicron) entre 2019 y 2022, destaca que los micronegocios con acceso a crédito formal tienen mayores probabilidades de crecimiento. En 2022, aquellos que lograron financiamiento regulado a través de bancos, cooperativas u ONG de microcrédito aumentaron sus ventas en un 36,1% y tuvieron un 10,5% más de probabilidades de formalizarse.
Banco de la Republica: Crédito para micronegocios
Por qué es importante: En contraste, los negocios que dependen del crédito informal suelen quedar atrapados en un círculo vicioso de deuda que dificulta su expansión. Las regiones más afectadas por esta problemática se encuentran en la costa Caribe, particularmente en Bolívar, Córdoba y La Guajira, donde la baja presencia bancaria ha llevado a una mayor dependencia de prestamistas ilegales.
Ante este panorama, los expertos señalan que fortalecer el acceso a financiamiento formal y promover la formalización de los micronegocios son estrategias clave para dinamizar la economía del país. La creación de incentivos y la simplificación de trámites administrativos podrían facilitar la transición de estos negocios hacia la legalidad, permitiéndoles acceder a créditos con mejores condiciones y reduciendo su vulnerabilidad frente a prácticas financieras abusivas.
