En medio de la investigación sobre falsos positivos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que, dentro del Batallón de la Popa, en Valledupar, conformaron una organización criminal para presentar resultados operacionales ficticios con supuestas bajas en combate de civiles inocentes.
Por: Redacción 360 Radio
La Sala de Reconocimiento documentó dos modalidades que se convirtieron en un patrón. Primero, retener y posteriormente asesinar a las víctimas en puestos de control, en operaciones de registro y control aéreo; y la segunda, engañando y trasladando víctimas desde Barranquilla y Valledupar.
De acuerdo con la JEP, “eran elegidas personas sin redes de apoyo o familiares que no los intentan buscar al ocurrir su desaparición y a quienes engañaron mediante promesas de presuntos trabajos legales o ilegales, para captarlas y asesinarlas”.
Dentro del Batallón de la Popa, había una detallada división del trabajo criminal, ejecuta de forma repetida y adoptado hasta permitir que, sin importar los cambios en los miembros del Ejército y de circunstancias, el fenómeno persistiera y se consolidara como si fuera legal asesinar civiles desarmados.
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“En algunos casos condujo a la especialización de funciones como ejecutar a las víctimas, establecer los contactos con los paramilitares, participar en actos de simulación de combate, preparar la documentación falsa, conseguir las armas y uniformes o buscar a las víctimas en otros lugares”.
Tras los asesinatos, la JEP estableció que las víctimas eran equipadas con armas, munición, uniformes y material de guerra para simular que pertenecían a un grupo ilegal y justificar la existencia de supuestos para encubrir la conducta y hacerle creer a la comunidad que estaban combatiendo a los grupos armados y darle visos de legalidad a esas actuaciones.
Le JEP verificó que el 87% de los resultados operacionales reportados durante la Comandancia del coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez, ex comandante del Batallón la Popa del Ejército entre 2002 y 2003, fueron determinadas por la sala como asesinatos y desapariciones, mientras que su sucesor, Juan Carlos Figueroa Suárez (2004 – 2005), continuó con los crímenes.
La jurisdicción ha reconocido 127 ejecuciones extrajudiciales, por las cuales el asado jueves, por medio del Auto 128 de 2021, imputaron a 15 militares que hicieron parte del Batallón de Artillería No.2 de La Popa (BAPOP), entre el 9 de enero del 2002 y el 9 de julio del 2005 dentro del sub caso Costa Caribe, una de las seis zonas priorizadas del caso 03, denominado ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado’.