domingo, octubre 2, 2022
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    Bicitaxis vs. Distrito: una disputa basada en $1.250 millones mensuales que pocos contemplan

    La petición de Claudia López de sacar poco a poco los bicitaxis en Bogotá ha generado controversia y preocupación. ¿Qué hay detrás de este transporte?


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    Por: Redacción 360 Radio

    “Le pido a nuestra Policía que cada vez más vayamos sacando esos bicitaxis y mototaxis informales, ya no hay justificación. Hace dos años y medio era porque no había rutas del SITP pero ya hay suficientes”, fueron las palabras de la alcaldesa de Bogotá al referirse a una de las complejas situaciones en temas de movilidad que vive la capital colombiana. 

    Imagínese usted como lector y ciudadano salir a las 5 de la mañana o regresar a su casa a las 11 de la noche y que no encuentre un bus del SITP que le garantice un recorrido en el que no tenga que caminar más de 10 minutos, exponiéndose así a la inseguridad de Bogotá. Pero de repente aparece un vehículo de tres ruedas, motorizado la mayoría, que evita ese riesgo por 1.000 o 2.000 pesos. 

    Ahora bien, imagínese usted como lector o ciudadano movilizarse en estos vehículos y accidentarse en las calles de su barrio o vías principales sin que haya algún control, empresa legal o seguro que lo respalde si las consecuencias son graves. 

    Ambas caras de la moneda son una realidad a la que se enfrentan los miles de ciudadanos que hacen uso de este transporte informal en Bogotá, y a la vez, el difícil panorama con el que tiene que lidiar el Distrito a través que, en teoría, debería velar por la formalidad y por ‘promocionar’ más el Sistema Integrado de Transporte Público que no es que goce de buen nombre por la calidad de su servicio. 

    «Esto es un ejemplo de la norma que se expidió en 2018 (Resolución 3256 de 2018 del Ministerio de Transporte) pero que no le dio el acompañamiento técnico y financiero a las ciudades. En Bogotá, es peor y grave porque el bicitaxismo es una práctica común que es fuente de trabajo de muchas personas, pero también es la fuente de movilidad que tiene gran cantidad de gente», aseguró Fernando Rojas, experto en movilidad. 

    El último Censo de la Secretaría de Movilidad sobre los bicitaxis en la ciudad, en 2019, indicó que hay un total de 5.535 personas con uno o más roles dentro de la operación, identificando 3.296 propietarios, 83 coordinadores de ruta y 4.170 conductores. Alrededor de 1.600 son propietarios pero no lo conducen. A esto se le suma las ‘mafias’ que ilegalmente se crean en torno a este transporte. 

    Algunos conductores consultados por este medio, tanto propietarios como no propietarios que pidieron reserva de identidad, aseguraron que ellos (no todos) como sus compañeros, deben pagar en promedio 20 mil pesos a ‘líderes’ que les permiten operar estos vehículos. Es decir, partiendo de una premisa de que el 50% de tienen que pagar esta cuota, se estaría hablando de una cifra cercana a los $41.700.000 de pesos diarios que reciben grupos ilegales. 

    Esta cifra llevada a un período mensual, significa un aproximado de $1.250.000 de pesos que nadie sabe para dónde van, o bueno, que se quedan un grupo de cobradores que ilegalmente se adueñaron de la informalidad y que seguramente no pagan los impuestos. 

    Indirectamente, esto afecta al Distrito y al transporte público en Bogotá. La cifra de $1.250.000 de pesos más los $80.000 que en promedio recibe un conductor por día (si hace 30 viajes, con dos o tres personas cobrando $1.000 pesos como tarifa mínima), es un valor que no entra al Distrito y que no permite atender las deficiencias en la cobertura y frecuencias del componente zonal que son aprovechadas por los bicitaxis, desviando así recursos importantes que deberían destinarse a cubrir el déficit financiero del sistema. 

    La disminución de la informalidad en el transporte público pasa por reconocer que este fenómeno es multidimensional. Iniciativas como integrarlos al transporte público para que los cobije la ley laboral es una solución parcial e insuficiente, y por eso la Secretaría de Movilidad debe estar acompañada, como mínimo, por la Secretaría de Integración Social, pues el Distrito no puede desconocer que es una realidad para todos los ciudadanos.

    Fernando Rojas, experto en movilidad también fue contundente al asegurar que es algo que a Bogotá le quedó grande: “Es importante garantizar las condiciones de trabajo de los bicitaxistas, pero también las condiciones de seguridad vial, de tener una tarifa que sea razonable para las personas. Hay muchas cosas para hacer, Bogotá sola no puede y el bicitaxismo crece y el Distrito no logra resolver”.

    Las palabras de Claudia López generaron distintas opiniones pero no todas concuerdan en que es una problemática que sí o sí debe contar con el apoyo del Gobierno.

    Además, este panorama también consiste  en un reto enorme que seguramente tocará a las mafias que controlan algunos trayectos, pero que a la vez seguirá creciendo de modo descontrolado, hasta convertirse en una situación que afecta la movilidad, el bolsillo, el patrimonio y que, así no lo perciban ellos, también afecta al bicitaxista que paga una cuota para trabajar y llevar un sustento diario a sus viviendas.

    Lea también: PTAR Salitre en el ojo del huracán: bogotanos pagarían de su bolsillo $104.000 millones adicionales

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    La petición de Claudia López de sacar poco a poco los bicitaxis en Bogotá ha generado controversia y preocupación. ¿Qué hay detrás de este transporte?


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    Por: Redacción 360 Radio

    “Le pido a nuestra Policía que cada vez más vayamos sacando esos bicitaxis y mototaxis informales, ya no hay justificación. Hace dos años y medio era porque no había rutas del SITP pero ya hay suficientes”, fueron las palabras de la alcaldesa de Bogotá al referirse a una de las complejas situaciones en temas de movilidad que vive la capital colombiana. 

    Imagínese usted como lector y ciudadano salir a las 5 de la mañana o regresar a su casa a las 11 de la noche y que no encuentre un bus del SITP que le garantice un recorrido en el que no tenga que caminar más de 10 minutos, exponiéndose así a la inseguridad de Bogotá. Pero de repente aparece un vehículo de tres ruedas, motorizado la mayoría, que evita ese riesgo por 1.000 o 2.000 pesos. 

    Ahora bien, imagínese usted como lector o ciudadano movilizarse en estos vehículos y accidentarse en las calles de su barrio o vías principales sin que haya algún control, empresa legal o seguro que lo respalde si las consecuencias son graves. 

    Ambas caras de la moneda son una realidad a la que se enfrentan los miles de ciudadanos que hacen uso de este transporte informal en Bogotá, y a la vez, el difícil panorama con el que tiene que lidiar el Distrito a través que, en teoría, debería velar por la formalidad y por ‘promocionar’ más el Sistema Integrado de Transporte Público que no es que goce de buen nombre por la calidad de su servicio. 

    «Esto es un ejemplo de la norma que se expidió en 2018 (Resolución 3256 de 2018 del Ministerio de Transporte) pero que no le dio el acompañamiento técnico y financiero a las ciudades. En Bogotá, es peor y grave porque el bicitaxismo es una práctica común que es fuente de trabajo de muchas personas, pero también es la fuente de movilidad que tiene gran cantidad de gente», aseguró Fernando Rojas, experto en movilidad. 

    El último Censo de la Secretaría de Movilidad sobre los bicitaxis en la ciudad, en 2019, indicó que hay un total de 5.535 personas con uno o más roles dentro de la operación, identificando 3.296 propietarios, 83 coordinadores de ruta y 4.170 conductores. Alrededor de 1.600 son propietarios pero no lo conducen. A esto se le suma las ‘mafias’ que ilegalmente se crean en torno a este transporte. 

    Algunos conductores consultados por este medio, tanto propietarios como no propietarios que pidieron reserva de identidad, aseguraron que ellos (no todos) como sus compañeros, deben pagar en promedio 20 mil pesos a ‘líderes’ que les permiten operar estos vehículos. Es decir, partiendo de una premisa de que el 50% de tienen que pagar esta cuota, se estaría hablando de una cifra cercana a los $41.700.000 de pesos diarios que reciben grupos ilegales. 

    Esta cifra llevada a un período mensual, significa un aproximado de $1.250.000 de pesos que nadie sabe para dónde van, o bueno, que se quedan un grupo de cobradores que ilegalmente se adueñaron de la informalidad y que seguramente no pagan los impuestos. 

    Indirectamente, esto afecta al Distrito y al transporte público en Bogotá. La cifra de $1.250.000 de pesos más los $80.000 que en promedio recibe un conductor por día (si hace 30 viajes, con dos o tres personas cobrando $1.000 pesos como tarifa mínima), es un valor que no entra al Distrito y que no permite atender las deficiencias en la cobertura y frecuencias del componente zonal que son aprovechadas por los bicitaxis, desviando así recursos importantes que deberían destinarse a cubrir el déficit financiero del sistema. 

    La disminución de la informalidad en el transporte público pasa por reconocer que este fenómeno es multidimensional. Iniciativas como integrarlos al transporte público para que los cobije la ley laboral es una solución parcial e insuficiente, y por eso la Secretaría de Movilidad debe estar acompañada, como mínimo, por la Secretaría de Integración Social, pues el Distrito no puede desconocer que es una realidad para todos los ciudadanos.

    Fernando Rojas, experto en movilidad también fue contundente al asegurar que es algo que a Bogotá le quedó grande: “Es importante garantizar las condiciones de trabajo de los bicitaxistas, pero también las condiciones de seguridad vial, de tener una tarifa que sea razonable para las personas. Hay muchas cosas para hacer, Bogotá sola no puede y el bicitaxismo crece y el Distrito no logra resolver”.

    Las palabras de Claudia López generaron distintas opiniones pero no todas concuerdan en que es una problemática que sí o sí debe contar con el apoyo del Gobierno.

    Además, este panorama también consiste  en un reto enorme que seguramente tocará a las mafias que controlan algunos trayectos, pero que a la vez seguirá creciendo de modo descontrolado, hasta convertirse en una situación que afecta la movilidad, el bolsillo, el patrimonio y que, así no lo perciban ellos, también afecta al bicitaxista que paga una cuota para trabajar y llevar un sustento diario a sus viviendas.

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