El hecho: La Contraloría de Bogotá ratificó una sanción fiscal contra Jardines de Luz y Paz S.A.S. por el manejo irregular de recursos públicos en los cementerios distritales.
¿Por qué es importante?: Porque confirma presuntas irregularidades en la administración de recursos del Estado y refuerza el control sobre el patrimonio público.
¿Cuál es el contexto?: La empresa administró recursos del Contrato de Concesión No. 415 de 2021 en cuentas diferentes a las autorizadas, incumpliendo lo establecido en el contrato con la UAESP.
¿A quiénes afecta y cómo?: A la concesionaria Jardines de Luz y Paz S.A.S. y a la administración distrital, por las consecuencias fiscales derivadas del manejo de recursos públicos.
El dato que no se puede perder: La Contraloría concluyó que las diferencias surgidas durante la ejecución del contrato no justificaban el uso de cuentas distintas a las autorizadas, por lo que confirmó la responsabilidad fiscal de la empresa.
La Contraloría de Bogotá confirmó en segunda instancia una sanción fiscal contra la empresa Jardines de Luz y Paz S.A.S., encargada de administrar los cementerios distritales Norte, Sur, Central y Serafín.
El organismo de control determinó que, durante la ejecución del Contrato de Concesión No. 415 de 2021, suscrito con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la concesionaria administró recursos públicos por fuera del esquema fiduciario establecido en el contrato, incluso después de que finalizara el período de transición previsto.
Al resolver el recurso de apelación presentado por la sociedad, la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva concluyó que las diferencias surgidas durante la ejecución del contrato no justificaban el manejo de los recursos en cuentas distintas a las autorizadas, por lo que ratificó la responsabilidad fiscal de la empresa.
La gerente de la Subdirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá, María Teresa Zuluaga Botero, afirmó que «Los recursos públicos pertenecen a todos los bogotanos y su manejo exige el mayor compromiso y responsabilidad. Este fallo ratifica que el control fiscal cumple su función de proteger el patrimonio público y de hacer responder a quienes incumplen las obligaciones que asumieron al administrar recursos del Estado».
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