La obra en Bogotá de la avenida Francisco Miranda, más conocida como calle 45, volvió a ser noticia luego de que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) tomara posesión formal del proyecto, tras la finalización del contrato con la empresa BELZCON S.A.S. por incumplimientos graves en la ejecución.
El proyecto, ubicado entre las carreras Séptima y Quinta, debía mejorar la movilidad, el espacio público y la infraestructura vial de este corredor estratégico del centro de la ciudad.
Sin embargo, al cierre del contrato, el avance real de la obra en Bogotá apenas alcanzó el 43,39 %, dejando tramos inconclusos, riesgos para peatones y vehículos, y un impacto directo en la vida cotidiana de quienes transitan por la zona.
Según confirmó el IDU, el contratista logró avanzar cerca del 90 % del costado sur, pero dejó completamente pendiente el costado norte, además de trabajos clave en calzadas, andenes y zonas de espacio público entre las carreras Cuarta y Quinta.
La falta de planeación y de recursos técnicos fue uno de los principales factores que impidió el cumplimiento del cronograma.
“Tomamos posesión de la obra porque el contratista no cumplió. Estamos coordinados con todas las entidades del Distrito para mitigar las afectaciones”, señaló Orlando Molano, director del IDU, durante una visita técnica al lugar.
¿Qué pasará ahora con la obra en Bogotá de la calle 45?
Tras asumir el control, el IDU inició de inmediato un plan de obras de mitigación junto con la Secretaría de Movilidad, la Unidad de Mantenimiento Vial, el Acueducto de Bogotá y Enel, entre otras entidades. El objetivo es reducir los riesgos asociados a la obra inconclusa y permitir, de forma progresiva, la habilitación del tránsito vehicular y peatonal en sentido occidente-oriente.
De acuerdo con el Instituto, en un plazo máximo de dos meses se espera habilitar el paso desde la carrera Séptima hacia la Quinta, mejorar la iluminación, ajustar la calzada y recuperar los andenes afectados. Estas acciones buscan devolver condiciones mínimas de seguridad mientras se define el futuro definitivo de la obra en Bogotá.
En el frente administrativo, el IDU adelanta un proceso sancionatorio para declarar la caducidad del contrato. Como parte de este proceso, ya se hizo efectiva una cláusula penal por más de 4.716 millones de pesos y se impuso previamente una multa superior a los 606 millones de pesos al contratista.
“Siempre damos garantías, pero cuando no se cumple, hay consecuencias”, afirmó Molano, al explicar las sanciones económicas impuestas.
Paralelamente, el IDU avanza en la estructuración de un nuevo proceso licitatorio que permita adjudicar nuevamente la obra en Bogotá. La meta oficial es que, una vez se firme el nuevo contrato, el proyecto pueda finalizarse en un plazo no mayor a un año.
