La Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, vuelve a enfrentar un escenario de parálisis. Tras una extenuante jornada de debate que superó las seis horas, la Asamblea Triestamentaria, integrada por estudiantes, docentes y trabajadores, decretó un paro académico que se extenderá, inicialmente, hasta el próximo 20 de marzo.
La chispa que reactivó el cese de actividades fue el reciente fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá (Sala Laboral), el cual ratificó a Ismael Peña Reyes como rector de la institución más importante del país. Para los estamentos universitarios, esta decisión judicial, aunque legalmente vinculante, representa un «portazo» a la voluntad democrática expresada en las urnas.
Panorama general: El núcleo del conflicto no es nuevo, pero ha ganado una virulencia renovada. En un comunicado público, la Asamblea calificó el fallo como una «decisión de carácter político» que vulnera la autonomía universitaria. Bajo esta premisa, la comunidad académica declaró formalmente que desconoce la rectoría de Peña, argumentando que su mandato carece de la legitimidad necesaria para gobernar la institución.
«Se rechaza de manera enfática la designación del rector. Exigimos su renuncia inmediata como única vía para destrabar la crisis institucional», se lee en el documento emitido tras la asamblea del 24 de febrero.
La controversia se remonta al proceso de elección, donde el académico Leopoldo Múnera obtuvo la mayor votación en la consulta estamentaria. Sin embargo, amparado en los estatutos vigentes que dictan que dicha consulta es informativa y no vinculante, el Consejo Superior Universitario (CSU) optó por designar a Ismael Peña, desatando una ola de indignación que hoy escala a un nuevo paro.
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Más allá de la protesta, la Asamblea busca cambios estructurales. Entre las determinaciones adoptadas, se anunció la creación de una Mesa Constituyente Universitaria. El objetivo de este organismo será redactar una reforma a los lineamientos del gobierno universitario que sea presentada ante el CSU, buscando que la democratización de la Universidad Nacional deje de ser un ideal y se convierta en norma.
Por qué es importante:El pliego de peticiones de la Asamblea también pone la lupa sobre la infraestructura. Se aprobó denunciar públicamente la situación de la Facultad de Farmacia, la cual, según denuncian, sigue careciendo de un edificio propio. La comunidad anunció que señalará las responsabilidades políticas correspondientes por lo que consideran un abandono histórico de esta unidad académica.
Finalmente, el movimiento triestamentario lanzó un llamado preventivo al CSU y a la administración central:
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Garantías plenas para el ejercicio del derecho a la protesta.
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Cero medidas disciplinarias contra quienes participen en el cese de actividades.
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Evitar represalias académicas o administrativas que puedan afectar a los miembros de la comunidad durante el periodo de paro.
Por ahora, los pasillos de la sede Bogotá permanecerán en silencio académico, mientras el debate sobre quién debe llevar las riendas de la «Ciudad Blanca» se traslada de los tribunales a las asambleas populares.
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