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Así es el borrador del proyecto de amnistía general que propone Uribe

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene listo el primer borrador de su proyecto de amnistía general, que socializará con la bancada del Centro Democrático.


Por: Redacción 360 Radio

El acto legislativo, de acuerdo con el exmandatario, tendrá que ser concertado con el Gobierno Nacional y demás sectores políticos para que pueda pasar al Congreso de la República.

Uribe plantea que la amnistía permita que “por una sola vez personas condenadas o procesadas por delitos, o que tengan sanciones o procesos administrativos de pérdida o inhabilidades de derechos políticos, sean elegidas para cargos de representación popular, o nombradas en la administración pública, con observancia de los requisitos generares sobre la materia”.

El beneficio no podía operar sobre quienes hayan cometido “delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, delitos de conocimiento de la Corte Penal Internacional y de corrupción en la contratación pública”.

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La propuesta plantea otorgar algunos beneficios a los miembros de la Fuerza Pública. “Los integrantes de las Fuerzas Armadas, por delitos cometidos hasta la fecha de promulgación de este Acto Legislativo, que hayan completado 5 años de privación de la libertad, gozarán del beneficio de libertad condicional y podrán ejercer los derechos políticos”, dice el documento.

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El exsenador también propone que quienes se beneficien de la amnistía total, deberán cumplir con los postulados de reparación de las víctimas y pedir perdón por el daño causado. “Se exigirá el reconocimiento de los hechos o en su defecto la contribución a la verdad, sin que sto implique auto incriminación”.

Sobre la JEP, el documento señala que “habrá una estructura especial para la investigación y juzgamiento de integrantes de las Fuerzas Armadas, por hechos ocurridos hasta el primero de diciembre del 2016. El principio de imparcialidad del juez debe garantizar que los miembros de esta estructura no hayan participado en denuncias, investigación, juzgamiento o pronunciamientos públicos en contra de quienes estén sometidos a esta jurisdicción”.

La norma definirá las condiciones para que personas desmovilizadas en el periodo comprendido entre 2002 y 2010 puedan ser admitidas en la ley de Justicia y Paz, cuando por alguna circunstancia no estén siendo procesadas de acuerdo a la norma.

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