El ministro del Interior, Rodrigo Lara lo dijo sin adornos este viernes 14 de agosto: «la red hospitalaria de Buenaventura está desbordada». La Clínica Santa Sofía, con el setenta por ciento de su infraestructura dañada, atiende pacientes en carpas y camillas puestas afuera, al sol, porque adentro ya no caben.
Todo esto lo dejó el terremoto de magnitud siete punto cuatro que sacudió al país hace cuatro días. Pero conviene decir algo con toda claridad, porque es la verdad y porque el país necesita escucharla sin eufemismos: Buenaventura no colapsó el lunes pasado. Buenaventura ya estaba al borde del colapso desde hace décadas, y el sismo apenas terminó de derribar lo que la desidia del Estado llevaba años debilitando.
Buenaventura es, por lejos, el puerto más importante de Colombia
Por sus muelles entra y sale la mayor parte del comercio exterior del país, los contenedores que traen carros, electrodomésticos, insumos industriales, y los que se llevan café, flores y frutas hacia el mundo. Genera aduanas, impuestos y regalías por miles de millones de pesos cada año. Y sin embargo, quien camine por sus barrios, quien visite sus centros de salud o sus escuelas, encuentra una ciudad que parece vivir de espaldas a esa riqueza que produce. Los indicadores de pobreza en Buenaventura llevan años entre los más altos del país.
La infraestructura pública, la que debía sostenerse con la plata que mueve el puerto, nunca llegó a la altura de lo que la ciudad genera. Ese contraste no lo inventó este editorial. Lo confirmó, sin querer, un ministro que tuvo que anunciar un hospital de campaña porque los hospitales de verdad ya no daban abasto incluso antes del terremoto.
Aquí está el punto que esta casa editorial quiere dejar planteado con toda seriedad, sin caer en el discurso fácil de buscar un culpable único ni en la nostalgia de creer que algún gobierno anterior lo hizo mejor. El problema de Buenaventura no es de un solo color político. Es el resultado acumulado de gobiernos nacionales y locales, de administraciones de todos los signos, que durante años trataron la inversión en salud y educación del Pacífico como un gasto postergable y no como una obligación del Estado.
Y ese es, precisamente, el tipo de falla institucional que un país que cree en el Estado de derecho no puede seguir tolerando. Porque el Estado de derecho no consiste solamente en que se respeten las leyes y las instituciones en Bogotá. Consiste en que la ley, y los derechos que la ley promete, lleguen también a Buenaventura, a Quibdó, a los municipios donde la geografía y el abandono histórico han hecho que ser colombiano signifique, en la práctica, tener menos derechos que en el centro del país.
El terremoto no creó esa desigualdad
La expuso con una crudeza que ya no admite disimulo. Y ahora, en medio de la emergencia, el Gobierno tiene una oportunidad que pocas administraciones logran tener: la de convertir la reconstrucción en algo más que reparar lo que se cayó. Reconstruir un hospital que ya estaba desbordado antes del sismo, con la misma capacidad insuficiente que tenía antes, no es reconstrucción.
Es reponer un problema. Lo que Buenaventura necesita, y lo que el país entero debería exigir en su nombre, es que los recursos de esta emergencia se usen para llevar la red hospitalaria y la infraestructura educativa del Pacífico a un nivel que corresponda con lo que esa región le aporta a Colombia, no simplemente a devolverla al estado precario en el que estaba el domingo antes del temblor.
Esto tampoco es un llamado ingenuo a gastar sin control
Todo lo contrario. Es un llamado a que la plata que se invierta en Buenaventura, en Quibdó y en el resto del Pacífico afectado se administre con la misma disciplina y la misma transparencia que esta casa ha exigido para el resto de la emergencia, pero con una meta distinta a la de simplemente apagar el incendio de esta semana. La meta debe ser que, cuando pase esta tragedia y los micrófonos se vayan a otra parte, Buenaventura no vuelva a quedar, como tantas veces, esperando la próxima catástrofe para que alguien se acuerde de que existe.
Colombia tiene, en el papel, un Estado unitario, uno solo, con las mismas obligaciones para todos sus ciudadanos sin importar en qué costa o qué cordillera hayan nacido. La prueba de si ese principio es real o es apenas una frase de la Constitución se está dando, ahora mismo, en los pasillos improvisados de un hospital de campaña en Buenaventura.
Que la reconstrucción no termine solamente cuando se levanten de nuevo las paredes. Que termine cuando un niño del Pacífico tenga, por fin, la misma oportunidad de nacer, crecer y enfermarse en este país que tiene cualquier otro niño colombiano.
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