La Contraloría General de la República reveló este jueves un hallazgo fiscal por $66.560 millones en la concesión portuaria Puerto Solo, en Buenaventura, derivado de un incumplimiento contractual por parte del concesionario y de la falta de acciones eficaces por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Panorama general: El anuncio fue hecho por el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, a través de un comunicado de prensa en el que se detallan los resultados de una Auditoría Financiera realizada por la Delegada para el Sector de Infraestructura a la ANI, correspondiente a la vigencia 2024.
Según el informe, el hallazgo se originó en la gestión ineficaz de la ANI frente a la omisión del concesionario —la Sociedad Portuaria Energética Multipropósito y Contenedores Puerto Solo Buenaventura S.A.— en el pago adecuado y oportuno de la contraprestación económica acordada por el uso temporal y exclusivo de bienes de uso público, tal como lo establecía el Contrato de Concesión Portuaria No. 001 de 2021.
Este contrato, suscrito bajo lo dispuesto en la Ley 1ª de 1991, tenía como objeto la construcción, operación, mantenimiento y administración de un terminal marítimo de uso público, a cambio de que el concesionario realizara pagos periódicos a favor de la ANI. Sin embargo, la auditoría evidenció que, pese a conocer el incumplimiento, la Agencia Nacional de Infraestructura no ejecutó de forma efectiva las medidas conminatorias o resolutivas previstas en el contrato y en la legislación vigente.
Puerto Solo: Contraloría revela millonario hallazgo fiscal por incumplimiento contractual
Por qué es importante: El incumplimiento, según la Contraloría, no solo afecta a la ANI, sino que repercute directamente en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y en el municipio de Buenaventura. De acuerdo con la ley, el 80% de los pagos por contraprestación portuaria corresponde a Invías y el 20% restante a la administración municipal. La falta de estos recursos ha generado una disminución significativa en sus ingresos, afectando potencialmente la financiación de obras y programas locales.
Aunque la ANI adelantó algunas actuaciones para exigir el pago, al cierre del proceso auditor el saldo adeudado permanecía sin ser cancelado. Esto llevó al ente de control a calificar la situación como un daño fiscal, que podría dar paso a investigaciones y eventuales procesos de responsabilidad fiscal.
La Contraloría no precisó en el comunicado si se iniciarán acciones judiciales o administrativas adicionales, pero dejó claro que el caso refleja falencias en la supervisión de las concesiones portuarias y en la protección de los recursos públicos.
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