Cada loro en su estaca

Por: Amylkar Acosta


En el reciente congreso minero se puso el grito en el cielo por parte de las empresas debido al asedio de las consultas populares contra su actividad, que proliferan en todo el país, las cuales se vienen a sumar a la disfuncionalidad manifiesta entre las distintas entidades gubernamentales, fuente esta de inseguridad jurídica.

Un reciente fallo de tutela de la Corte Constitucional en contra de CMSA, empresa esta que explota el níquel hace más de 30 años en el departamento de Córdoba, tiene alarmado al sector minero, por el precedente que se ha sentado y por la inseguridad jurídica que significa cambiar las reglas de juego en la mitad del partido que se está jugando. En la misma se ordena a la Dirección de Consulta previa del Ministerio del Interior que, en un plazo máximo de un año se realice una consulta previa para seguir operando. Es decir, a posteriori. Y se dice en el fallo que la misma tendrá por objeto “establecer medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental”, las que son inherentes al Plan de Manejo Ambiental, que es de la órbita de la competencia del Ministerio de Ambiente y no del Ministerio del Interior.

Se ordena además, se supone que a la Anla, expedir “una nueva licencia ambiental que se acoja a los estándares constitucionales vigentes”. Cabe preguntarse si al momento de expedirse la licencia anterior la autoridad ambiental pretermitió el cumplimiento de la norma constitucional. Y, como si lo anterior fuera poco, según este fallo CMSA deberá crear un fondo especial de etnodesarrollo para “reparar a las víctimas desde una perspectiva colectiva y étnica”, que es lo más parecido a una caja de Pandora.

Este es un ejemplo patético e ilustrativo de los constantes choques de trenes a los que ya estamos acostumbrados, los cuales dan lugar a una inseguridad jurídica para todas las partes involucradas, pues, en tales condiciones, nunca saben ni sabrán a qué atenerse. En el entendido que el Estado es uno solo y por ello mismo entre las tres ramas del poder y entre las distintas instancias de gobierno debería existir, como lo establece la Constitución Política, un alineamiento y una colaboración armónica entre ellas, que hoy no existe. Y ello sobre la base de que se cumpla el adagio popular “cada loro en su estaca”.

Buscarle una salida a estos desencuentros es un imperativo. Y para ello no hay otro camino que propiciar un gran acuerdo nacional que comprometa al Gobierno nacional, a las altas cortes, a los organismos de control, a las entidades territoriales, a la empresas y a las propias comunidades. Solo en la medida que las políticas públicas sean políticas de Estado, que comprometan a unos a cumplirlas, a otros a hacerlas cumplir y a los restantes a velar por su cumplimiento, será como podremos salir de este embrollo en el que está metido este sector tan importante de la economía nacional. ¡Para luego es tarde!