El sistema penitenciario colombiano enfrenta una nueva crisis de credibilidad tras conocerse detalles inéditos sobre la fiesta celebrada el pasado 8 de abril en la cárcel de máxima seguridad La Paz, en Itagüí. Lo que inicialmente se reportó como un evento musical con artistas de renombre, ha derivado en una investigación técnica de alto nivel para identificar a los dueños de varios vehículos de lujo que cruzaron el umbral del penal como si se tratara de un club privado.
Videos de cámaras de seguridad, revelados recientemente, contradicen las versiones iniciales que hablaban de una «jornada de visitas normal». Las imágenes exponen cómo camionetas de alta gama ingresaron al recinto bajo la supervisión de individuos particulares que, según las denuncias, habrían desplazado la autoridad de la guardia oficial en los filtros de acceso.
Entre los vehículos identificados por los investigadores se encuentra una camioneta Mercedes-Benz, de placas KPO745, cuyo historial de propiedad está siendo verificado para establecer quiénes fueron los civiles que asistieron al evento. Según fuentes cercanas al caso, el ingreso de estos automotores no quedó registrado en las minutas oficiales, lo que sugiere una ruptura total de los protocolos de seguridad.
Así burlaron los controles en Cárcel de Itagüí
El punto más crítico de la controversia recae en la presencia de una camioneta Ford Eco Sport. De acuerdo con los peritajes iniciales, este vehículo figura en los registros oficiales como vinculado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). La presencia de un carro institucional en medio de una celebración financiada, presuntamente, por cabecillas de estructuras criminales como alias «Tom», «Pocho» y «Charry», ha encendido las alarmas sobre una posible connivencia institucional en Itagüí.
»Es inaceptable que en un centro de máxima seguridad se permita no solo el ingreso de licor y artistas, sino que vehículos oficiales se presten para estas dinámicas», señalaron veedores ciudadanos tras conocerse los clips donde se ve a los asistentes en presunto estado de embriaguez al abandonar el penal.
La dirección nacional del Inpec ya ha tomado las primeras determinaciones administrativas. Hasta el momento, 11 funcionarios han sido apartados de sus cargos de manera preventiva mientras avanza la investigación disciplinaria. Entre los señalados se encuentra un alto oficial que estaba a cargo de la custodia el día de los hechos, debido a que el director titular se encontraba en periodo de descanso.
Además, el escándalo ha puesto en entredicho la mesa de diálogo de «Paz Urbana» que el Gobierno Nacional mantiene con las estructuras del Valle de Aburrá. Algunos de los internos implicados en la organización del evento son figuras clave en estos acercamientos, lo que ha generado un fuerte rechazo político y social.
Las pesquisas sugieren que el costo total de la «parranda», que contó con la presentación de Nelson Velásquez y Luis Neredo, superó los 500 millones de pesos. Este monto habría cubierto no solo los honorarios de los artistas, sino también el ingreso de comida gourmet, bebidas alcohólicas y presuntos pagos a personal interno para facilitar el flujo vehicular y de personas.
Mientras el Gobierno analiza el posible traslado de los cabecillas responsables a otros centros de reclusión, la Fiscalía General de la Nación trabaja en el rastreo de los bienes y propietarios de las camionetas particulares para determinar si existen nexos adicionales entre los visitantes y las redes de apoyo de los reclusos.
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