La Fiscalía General de la Nación avanzó este viernes en el proceso judicial relacionado con la financiación de la campaña Petro Presidente 2022 y le imputó cargos a Ricardo Roa Barragán por el presunto delito de violación de topes o límites de gastos electorales.
Durante la diligencia, el ente investigador sostuvo que la campaña presidencial habría superado los montos autorizados tanto en la primera como en la segunda vuelta electoral, además de presentar inconsistencias en los informes financieros entregados al Consejo Nacional Electoral (CNE).
La Fiscalía aseguró que la campaña Petro Presidente 2022 habría alterado registros contables
Según la exposición del fiscal del caso, las irregularidades quedaron evidenciadas tras revisar la información reportada en el sistema “Cuentas Claras”, plataforma obligatoria para registrar ingresos y gastos de las campañas políticas en Colombia.
La Fiscalía aseguró que, bajo la gerencia de Ricardo Roa, la campaña ejecutó durante la primera vuelta gastos cercanos a los 29.924 millones de pesos, cifra superior al límite permitido por el organismo electoral, que estaba fijado en aproximadamente 28.500 millones.
De acuerdo con la investigación, aunque el gasto real habría excedido el tope establecido, ante el sistema oficial se reportaron valores inferiores, lo que habría permitido ocultar parcialmente el exceso financiero.
El ente acusador explicó que también se identificaron pagos y servicios relacionados con la campaña que no fueron reportados completamente o que habrían sido registrados de forma parcial. Para la Fiscalía, esto generó diferencias significativas entre los gastos reales y los datos oficialmente entregados a las autoridades electorales.
Otro de los puntos señalados durante la audiencia tiene relación con la supuesta alteración en la asignación de gastos entre la primera y la segunda vuelta presidencial de 2022.
Según el fiscal, parte de los movimientos contables fueron trasladados de una etapa electoral a otra con el objetivo de evitar que los topes fueran superados oficialmente. En la investigación se detectaron gastos que, pese a corresponder cronológicamente a la primera vuelta, terminaron registrados como si hubieran ocurrido durante la segunda.
La Fiscalía sostuvo además que dentro de la documentación revisada se encontraron inconsistencias relacionadas con fechas, registros de eventos y reducción de gastos reportados, movimientos que habrían buscado ajustar las cifras finales presentadas al CNE.
El caso sigue generando atención política y jurídica debido a la relevancia de Ricardo Roa dentro de la campaña presidencial de Gustavo Petro y por las implicaciones que podrían derivarse de las investigaciones sobre la financiación electoral de 2022.
Por ahora, el proceso continuará en etapa judicial mientras avanzan las investigaciones y la valoración de las pruebas presentadas por la Fiscalía.
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