El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, hizo una visita de seguimiento a la advertencia que emitió la Contraloría en noviembre del 2024 a la ANI y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por los riesgos fiscales identificados en desarrollo del proyecto concesionado ‘Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique’.
De acuerdo con Rodríguez, en caso de que suceda una terminación anticipada de este contrato de concesión, por causas no imputables al concesionario, el contrato prevé el pago a este de una cifra que ya hoy podría ascender a $434.000 millones.
El agravante de que la Nación no habría recibido a cambio la restauración de ninguno de los ecosistemas degradados del Canal del Dique ni las demás actividades y obras previstas.
Contraloría alerta por impacto millonario y social en el Canal del Dique
Sumado a ello, indicó la Contraloría, se podría materializar el gran riesgo social y fiscal de que pudiesen quedar expuestas y desprotegidas frente a inundaciones casi 200.000 hectáreas de los 19 municipios ubicados en la zona de influencia del Canal del Dique y el millón y medio de personas allí asentadas, durante los inviernos severos que se han vaticinado como producto del cambio climático.
De acuerdo con el ente de control, también, se podría incrementar la degradación ambiental de los ecosistemas del Canal del Dique, debido al incontrolado ingreso de sedimentos al canal, ciénagas, caños y a las Bahías de Cartagena y Barbacoas.
Y quedarían sin soporte contractual ni ejecución, los casi $213.000 millones que está previsto invertir en gestión social, institucional y ambiental, en los 19 municipios del aérea de influencia de este macro proyecto.
También se perdería la inversión ya ejecutada de casi $11.000 millones en el desarrollo, protocolización y compromisos de las 17 Consultas previas ya realizadas con comunidades, por parte del concesionario y la ANI.
La posible terminación anticipada del contrato del Canal del Dique encendería alarmas fiscales, sociales y ambientales: advierte la Contraloría
Cartagena, 24 de abril de 2025. La Contraloría General de la República, en cabeza de Carlos Hernán Rodríguez Becerra, realizó este jueves una visita de seguimiento al proyecto de restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique, en medio de crecientes preocupaciones por un eventual escenario de terminación anticipada del contrato de concesión que rige dicho megaproyecto.
Según el organismo de control, dicha decisión podría tener consecuencias millonarias y altamente perjudiciales para el país.
Desde Cartagena, el contralor Rodríguez reiteró una advertencia emitida en noviembre de 2024 a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, señalando los graves riesgos fiscales asociados al contrato.
De concretarse una terminación anticipada por causas no atribuibles al concesionario, el Estado colombiano estaría obligado a pagar una indemnización estimada en $434.000 millones, una suma que saldría del erario sin que se haya ejecutado ninguna de las obras ni actividades de restauración ambiental contempladas.
Más allá del impacto fiscal, la Contraloría advirtió que la terminación del contrato podría exponer acerca de un millón y medio de personas y unas 200.000 hectáreas distribuidas en 19 municipios de la región Caribe a una alta vulnerabilidad frente a inundaciones, especialmente durante temporadas invernales severas exacerbadas por el cambio climático.
El proyecto del Canal del Dique, que tiene como objetivo principal mitigar el deterioro ambiental y reducir los riesgos de desastres naturales, es considerado clave para el equilibrio ecológico de la región.
La suspensión de sus obras podría derivar en la intensificación del ingreso incontrolado de sedimentos a cuerpos de agua como las ciénagas, caños y las bahías de Cartagena y Barbacoas, acentuando la degradación ambiental.
La Contraloría también alertó sobre el posible congelamiento de inversiones por $213.000 millones destinadas a acciones de gestión social, institucional y ambiental en los municipios del área de influencia.
Estos recursos, esenciales para el desarrollo integral de la región, quedarían sin respaldo contractual en caso de que el proyecto sea suspendido.
Asimismo, quedarían en el limbo los casi $11.000 millones ya ejecutados en procesos de consulta previa con comunidades étnicas, que incluyeron 17 procedimientos formales realizados por el concesionario en coordinación con la ANI.
La pérdida de estos recursos implicaría no solo un retroceso en la inclusión social y el respeto a los derechos colectivos, sino también un eventual incremento en la conflictividad social.
La Contraloría solicitó a las autoridades responsables, incluyendo al Gobierno Nacional, tomar decisiones inmediatas y basadas en criterios técnicos, jurídicos y ambientales para evitar un escenario que podría constituirse en una de las mayores pérdidas contractuales de los últimos años en Colombia.
Este nuevo pronunciamiento se suma a las crecientes voces de alerta de expertos, ambientalistas y líderes sociales que insisten en la necesidad de garantizar la continuidad del proyecto bajo condiciones que prioricen la sostenibilidad, la protección de las comunidades y la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
El caso del Canal del Dique se ha convertido en un ejemplo emblemático de la complejidad de los megaproyectos en Colombia, donde la falta de articulación interinstitucional y la debilidad en la planeación pueden conducir a consecuencias devastadoras.
La próxima semana, se espera una nueva mesa técnica entre la ANI, el Ministerio de Ambiente y representantes del concesionario para definir el rumbo del contrato.
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