EDITORIAL
Parece a veces una afrenta a la inteligencia de las personas, al sistema democrático y a la responsabilidad que deviene de un cargo de elección popular como una alcaldía de ciudades como Bogotá y Medellín, el hecho de que algunas personas se atrevan a poner su nombre a consideración.
Seguramente quienes sean detractores de este editorial argumentarán que en la Constitución Política de Colombia se establece que un colombiano tiene derecho a ser elegible, a participar de elecciones democráticas, y sí tiene toda la razón, pero también hay que decir que todo lo que dice en esta Carta Política no se cumple y es una Constitución bastante cuestionada y con muchos retazos que hoy en día no es que tengan muy bien al país.
Nos acercamos a unas elecciones regionales, estamos a escasos siete meses, las campañas se van adelantando con el tiempo y a una coyuntura de país bastante perpleja por las situaciones que enfrentamos en el Cauca, en la frontera con Venezuela, con la economía, con la necesidad de relajar la regla fiscal, entre otros.
Algunos consideran que hacer experimentos en los cargos de elección popular es positivo, otros se han dado cuenta que es algo que no siempre sale bien, tanto que en Colombia luego de que el presidente Duque tenga ocho meses de estar en el cargo ya se habla de quién lo va a suceder.
Para llegar a un cargo de elección popular se necesita casi de manera obligatoria ser una persona preparada a nivel académico, tener unos estudios relevantes, contar con una experiencia probada tanto en el ámbito público como privado, no tener mácula alguna comprobada sobre su proceder, debe ser íntegro, inteligente y responsable en aceptar que tiene o no las facultades para llegar a un cargo de elección popular de un rango importante.
Llama la atención cómo existen algunas personas desconocidas casi por completo, o solo conocidas por entornos políticos, muy cuestionadas en su proceder en los cargos que han detentado, y que solo buscan la manera de que se les remolque hasta ese puesto y ver allí qué logran robar para recuperar pagar sus deudas de campaña y de sus financiadores, y peor aún que todo esto cuenta con la anuencia de un gran porcentaje del electorado colombiano que es ignorante a la hora de ejercer este derecho.
Las personas no votan por quien tiene un mejor programa, una buena experiencia, una capacidad de comunicación efectiva más que ser mediático, por quien ha trasegado por algunos caminos de la vida que son vitales, no. En Colombia se sigue votando por la persona más simpática, al que más saluda, al que se acerca más a una reina de belleza, estrella de reggaeton o al que tiene un monopolio empresarial, de tal manera que cuando nos preguntemos por qué el país va tan mal es bueno que miremos cómo se eligen a los gobernantes.
Veremos en las próximas semanas cómo varios candidatos empiezan a retirar su nombre de la parrilla pública aduciendo que no encontraron dinero, garantías, entre otros, pero lo cierto es que nunca fueron realmente una opción de poder, nunca fueron viables. Y en ciudades como Medellín y Bogotá hay muchos candidatos inviables.
En tal sentido, debería existir una regulación por parte del Estado para quienes presenten sus aspiraciones y estas no sean para atajar a nadie en democracia sino para regular quiénes se presentan, saber con qué interés lo hacen y también saber cuáles son sus apoyos.
Se debe acabar con este juego de apuntar arriba para llegar a la mitad o de aspirar solo para negociar un cargo, o de simplemente de buscar una figuración mediática con ataques que le quitan valor al evento democrático.