Cada vez resulta más evidente la existencia de un cartel del POT que se fortalece económicamente de manera ilegal en diversas partes del departamento de Cundinamarca, como ocurre en Facatativá o Cajicá entre otros municipios, según el cual se incorporan terrenos rurales al área urbana, y de esta manera dichos inmuebles logran multiplicar su valor comercial de manera exponencial, especialmente porque muchos de ellos han servido para construir lujosas residencias o conjuntos multifamiliares y de apartamentos.
Los planes de ordenamiento (POT) son aprobados cada 12 años, con un proyecto presentado por las alcaldías, concertado con la CAR y aprobado por el respectivo concejo municipal. En el caso de Faca, el ultimo POT declarado ilegal fue presentado por el entonces alcalde de ese municipio y actual representante a la Cámara por Cundinamarca Oscar Sánchez, hoy codirector del Partido Liberal, siendo jefe de planeación su actual candidato a la Alcaldía Pablo Malo y de cuya elección pendería la aprobación de los compromisos de incorporación que se habrían dado durante esa administración, cuya investigación penal solicitaremos en la presente semana a efecto de establecer la veracidad de los señalamientos sobre las exigencias de dinero por este concepto – así como por las irregularidades en la Secretaria de Tránsito que involucraría a un hermano del entonces alcalde, y al Secretario de Tránsito quien delegó en un contratista la firma de cientos las matriculas irregulares-
En el caso de Cajicá el último POT fue aprobado en el 2014 mediante acuerdo 16, pero acá en este proceso se cambiaron de uso algunos predios que pasaron de pertenecer a “Agricultura Tradicional”, y/o “Zona de Reserva Forestal” a “Suelo Suburbano Residencial” y “Vivienda Campestre”. Bajo esta figura se definieron dos áreas a saber: Los predios que involucran el proyecto denominado “Oikos Savanna” y los predios de los proyectos hoy denominados “Los Robles” y “Alcaparros”, el primero, adelantado por la firma Arquitectura y Concreto, La Finca “La arboleda”, ubicada en la primera categoría, y los lotes “Los Alcaparros” y “Casa de Teja”, correspondientes a Vivienda Campestre. Todos estos, ubicados en el municipio de Cajicá. Más aun en la zona de ronda del río, considerada como de alto riesgo, y hasta zonas de reserva forestal terminaron habilitadas para el desarrollo de proyectos urbanísticos, algunos de los cuales se están ofreciendo con simples documentos sobre la disponibilidad de servicios públicos por parte de la Empresa de Acueducto de Bogotá, que no es la competente, y no de la de Cajicá, pues no tiene como acreditarlo. Aún más, algunos de estos proyectos no tienen licencias por no contar con dicha disponibilidad. En consecuencia no pueden tener permiso de ventas y sin embargo están siendo ofrecidos al público.
El cambio del uso del suelo o desarrollos urbanísticos en Cundinamarca
En la definición de un cambio de uso intervienen la CAR y el municipio. Esta acción eleva de manera ostensible el valor de la tierra. Es importante tener en cuenta que el suelo que cambia de uso, pasando de “Zona de Reserva protectora-productora a Vivienda Campestre”, el valor de una hectárea puede pasar de $20 millones, a $2.000 millones; sin contar los réditos que dejará la explotación urbana de ese territorio a través de la construcción de vivienda. Lo mismo aplica para el tema de la ronda de río. Cuando esto ocurre la sociedad y el medio ambiente pierden las zonas de protección, la riqueza hídrica, los servicios ambientales que de aquí se obtienen; poniendo en riesgo vidas, así como la estructura ecológica y la protección ambiental del territorio potenciando el riesgo en la actual coyuntura de cambio climático.
El problema ambiental
El problema es que en el caso de Cajicá, que tiene una población de cerca de 60 mil habitantes, la aprobación de estos nuevos proyectos, la hará receptora de cerca de 90 mil adicionales, sin que el municipio cuente con el agua suficiente para cubrir dicha demanda adicional, con lo cual terminará resolviéndolo mediante el grueso negocio del agua en bloque.
De igual forma hay problemas serios respecto a la inexistencia de estrategias concretas para el manejo de aguas negras y residuos sólidos.
En el 2008, cuando era alcaldesa Fabiola Jácome, hoy candidata a la alcaldía de Cajicá, y jefe de Planeación Orlando Díaz, hoy también candidato a esa alcaldía – parece no ser coincidencia que tales funcionarios terminen aspirando a las respectivas alcaldías, como su homólogo de Facatativá-, proyectos como Casa de Teja y Alcaparros, vereda de Chuntame donde se pretenden construir 564 viviendas, de 156 y 208 m2, en la vereda Chuntame, con una extensión de 100 hectáreas, fueron cambiados de uso de “agricultura tradicional”, por “vivienda campestre” por una ajuste que la misma hizo al POT. Posteriormente el actual alcalde, Mauricio Bejarano, mediante Acuerdo 16/2014; el predio siguió como Vivienda Campestre, pero fue ampliado en una extensión de 200.000 M2 aprox, área sustraída a la Zona de Reserva Forestal Protectora-Productora.
La CAR, cuyo director se dice es muy cercano al actual alcalde de Cajicá, hasta ahora se ha comportado como un testigo mudo que no se ha atrevido a contener la ola de cemento en zonas de inundación, ronda del rio Bogotá, reserva forestal, reservas protectoras.
Todo esto resulta más grave cuando Cajicá no cuenta con la infraestructura vial, de salud, educativa, y de servicios públicos para atender el nuevo desarrollo, y por qué el municipio de manera irregular otorga licencias de construcción sin cumplir los requisitos de ley.
Como si fuera poco, estos proyectos representan competencia desleal para aquellas compañías constructoras que asumieron procesos de manera legal, respetando la normativa con respecto a los usos del suelo. Es claro que la nueva cantidad de viviendas bajará los costos de la vivienda en la región, que no está preparada para recibir la nueva carga habitacional.
Otras lupas:
¿Qué pasa con la Fábrica de Licores de Antioquia?
Se han recibido denuncias y puesto en conocimiento de la Procuraduría respecto a la posible instrumentación de los procesos contractuales para la selección de distribuidores en Risaralda, Cesar y Córdoba entre otros se vendría dando en la entidad en la más importante Fabrica de Licores del país que favorecerían a Licorrumba –hoy día único proponente para Risaralda- y a una firma cercana al exparlamentario y exgobernador de Antioquia preso Luis Alfredo Ramos.
@pablobustossanc
