Caso Miguel Uribe: culpables ahora deberán responder por homicidio ante la justicia

La muerte de Miguel Uribe cambia el rumbo judicial: los seis implicados enfrentarán cargos de homicidio agravado.

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La muerte del senador Miguel Uribe Turbay marca un giro drástico en el proceso judicial contra los seis implicados en el atentado del pasado 7 de junio de 2025. Con su fallecimiento, la Fiscalía deberá recalificar los delitos: de tentativa de homicidio agravado a homicidio agravado, lo que implica un aumento considerable en las penas que podrían recibir.

El abogado Víctor Mosquera, representante de la familia Uribe Turbay, ha dicho que también solicitará que se adicione el delito de terrorismo, argumentando que la víctima era un político en ejercicio y miembro de un partido de oposición.

Este agravante podría incrementar aún más las condenas y abrir la puerta a nuevas líneas de investigación.

Las penas por homicidio agravado en Colombia pueden superar los 40 años de prisión, y con la suma del cargo de terrorismo, las condenas podrían alcanzar incluso el máximo permitido por la ley. Ante este panorama, fuentes judiciales no descartan que algunos de los implicados opten por colaborar con la justicia y revelar quiénes dieron la orden del ataque.

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¿Quiénes son los asesinos de Miguel Uribe?

Los procesados por el crimen de Miguel Uribe son:

  • Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, señalado como coordinador del atentado.

  • Katerine Andrea Martínez, alias Gabriela o Andrea, acusada de entregar la pistola Glock 9 mm al sicario de 15 años.

  • William Fernando González Cruz, alias el Viejo o el Hermano, implicado en la planeación y apoyo logístico.

  • Carlos Eduardo Mora González, conductor del Spark donde se entregó el arma al menor.

  • Cristian Camilo González Ardila, señalado de conducir la moto que sacaría al atacante de la zona.

  • Menor de edad de 15 años, autor material del disparo que terminó con la vida del senador.

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Todos ellos se encontraban detenidos o vinculados formalmente al proceso por tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores en la comisión de delitos. Con el cambio de calificación a homicidio agravado, su situación judicial se complica notablemente.

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