La Fiscalía General de la Nación dio un nuevo paso en la macroinvestigación por presuntos hechos de corrupción relacionados con el manejo de recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá la solicitud de audiencias para la imputación de cargos y la imposición de medida de aseguramiento contra los exministros Ricardo Bonilla González, quien estuvo al frente de la cartera de Hacienda, y Luis Fernando Velasco Cháves, exministro del Interior. Ambos son señalados de tener posible participación en la planeación y direccionamiento irregular de contratos en la entidad.
Fiscalía pide medida de aseguramiento contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco
Según la solicitud elevada por el ente acusador, a los exfuncionarios se les atribuye presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. La petición formal de la Fiscalía busca que los dos investigados enfrenten una medida privativa de la libertad en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial, por considerar que su rol dentro de la presunta estructura ilícita habría tenido un alcance determinante.
En el caso del exministro Bonilla, la investigación señala que los hechos se ubican hacia finales de 2023, cuando habría intervenido para direccionar proyectos hacia seis congresistas de las comisiones económicas a cambio, según las pesquisas, se buscaba obtener respaldo político para la aprobación de cupos indicativos relacionados con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Aunque los contratos finalmente no se ejecutaron ni recibieron recursos, estaban previstos para los municipios de Cotorra (Córdoba), El Carmen de Bolívar (Bolívar) y Saravena (Arauca). La Fiscalía respalda sus planteamientos en labores de policía judicial y en el testimonio del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, así como en declaraciones de la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides, quien obtuvo principio de oportunidad con inmunidad total tras aportar pruebas y señalar que actuó siguiendo instrucciones del entonces ministro.
Para el exministro Velasco, las declaraciones del mismo Olmedo López ante el alto tribunal lo señalan de impartir órdenes directas para favorecer al senador Julio Elías Chagüi mediante contratos direccionados. De acuerdo con su versión, la instrucción habría sido entregada durante una reunión privada en 2023, en la que incluso se habría definido la ruta operativa para ejecutar los convenios.
Uno de los relatos más relevantes dentro del expediente es el del llamado “cónclave”. Según López, este encuentro se habría realizado en el Palacio de Nariño y en él habrían participado el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, y los entonces ministros Gloria Inés Ramírez, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
La hipótesis que examinan los investigadores es que allí se trazaron directrices políticas y contractuales que podrían explicar la estructura del presunto entramado. El Tribunal decidirá en los próximos días si avala la imputación y la medida de aseguramiento solicitada.