La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), en voz de su presidente ejecutivo Juan Martín Caicedo Ferrer, lanzó una fuerte advertencia sobre el borrador de decreto que el Gobierno Nacional estudia para reprogramar las vigencias futuras, instrumento clave para la financiación de proyectos bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP). La organización calificó el proyecto como «ilegal e inconstitucional», asegurando que amenaza la estabilidad jurídica y financiera de los programas de infraestructura más importantes del país.
Panorama general: La CCI expresó profundas inquietudes sobre el contenido del proyecto de decreto, señalando que desconoce normas vigentes tanto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto como en la Ley de APP, al proponer cambios que afectarían directamente compromisos contractuales ya adquiridos por el Estado colombiano.
“Modificar unilateralmente las vigencias futuras pactadas en contratos de concesión contraría el reciente control de advertencia emitido por la Contraloría General de la República”, subrayó la entidad. Según ese pronunciamiento del ente de control fiscal, tales modificaciones no pueden realizarse de manera unilateral sin incurrir en riesgos legales y financieros.
El comunicado advierte que la medida pondría en grave peligro la viabilidad financiera de los programas de infraestructura 4G y 5G, comprometiendo no solo la ejecución de las obras, sino también su operación y mantenimiento.
Estos proyectos, que representan un esfuerzo nacional por mejorar la conectividad y la competitividad territorial, dependen en buena parte de los recursos asegurados a través de vigencias futuras, muchos de los cuales provienen de inversiones de fondos de pensiones y otros actores financieros que actúan como ahorradores.
Infraestructura en riesgo: CCI advierte por cambios en vigencias futuras
Por qué es importante: La CCI enfatizó que una decisión de esta naturaleza, sin sustento técnico ni legal, puede tener efectos devastadores sobre la confianza de los inversionistas y el entorno de contratación pública en Colombia.
“Se defrauda el principio de transparencia que debe regir en toda relación contractual, y se deteriora el ambiente para generar valor agregado, competitividad y desarrollo económico”, alertó la Cámara.
Además, advierten que una eventual adopción del decreto, tal como está planteado, podría significar un incumplimiento por parte del Estado, lo que acarrearía consecuencias legales y patrimoniales graves, incluso ante tribunales internacionales de arbitraje.
“Modificar las vigencias futuras sin base legal es abrir la puerta al caos jurídico y al deterioro de la credibilidad del Estado como contratante”, concluyó Juan Martín Caicedo Ferrer.
En términos más amplios, la organización gremial destacó que este tipo de modificaciones altera las reglas de juego, introduce barreras de entrada para nuevas inversiones y profundiza la inseguridad jurídica, afectando negativamente al país en un momento clave para la recuperación económica y la atracción de capital.
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