Caso «Centros Poblados»: Juan José Laverde se declara culpable

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Condenan al empresario Juan José Laverde a 48 meses en el marco del caso de corrupción de «Centros Poblados» por falsedad en documento privado y fraude procesal

Por: Redacción 360 radio

El pasado lunes 10 de julio, una juez penal del circuito de Bogotá condenó al empresario y ex representante legal de Rave Seguros Juan José Laverde a 48 meses, 4 años de prisión, por su participación en el caso de «Centros Poblados» del MinTic del gobierno pasado en donde se perdieron $70 mil millones.

Juan José Laverde firmó un preacuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable por los delitos de falsedad en documento privado y fraude proceso. Esto lo convierte en la primera persona condenada en este caso de corrupción.

En el preacuerdo se compromete a ser testigo en los casos contra Emilio Tapia y Luis Fernando Duque, también señalados en el mismo escándalo. La Fiscalía señaló que Laverde habría participado falsificando una garantía bancaria que llevó a que el MinTic le adjudicara a Centros Poblados el contrato de $1,07 billones para llevar conectividad a escuelas rurales.

Adicionalmente las investigaciones también determinaron que aportó tres garantías bancarias que introdujeron al error a funcionarios de Mictic: una para salarios de los empleados de Unión Temporal, otra para garantizar el cumplimiento del contrato y otra para que les giraran el anticipo de los $70 mil millones.

Laverde tendrá que pagar una multa de 100 salarios mínimos y quedó inhabilitado por 30 meses para ejercer funciones públicas. La juez le concedió al testigo Laverde la libertad condicional por un periodo de tres años. En el marco del preacuerdo, según la Fiscalía, Laverde reintegró más de 186 millones que correspondían al dinero recibido por su intervención.

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“La contundencia de las pruebas recaudadas por la Fiscalía fue determinante para que Juan José Laverde Martínez, mediante preacuerdo, aceptara de manera libre y voluntaria su participación en el entramado de corrupción que permitió el direccionamiento y apropiación de recursos del millonario contrato que pretendía llevar Internet a escuelas rurales del país”, señaló el fiscal encargado.

Siguen en curso de la justicia los expedientes de Emilio Tapia, sus socios, Juan Carlos Ángel Cáceres y Otomar Lascarro; el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, y de Jorge López, señalado de conseguir la garantía falsa.

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