En un movimiento que ha encendido las alarmas entre expertos tributaristas y gremios internacionales, Colombia ha decidido poner en marcha su propia versión del Impuesto Mínimo Global (IMG). Sin embargo, lo que sobre el papel debería ser una armonización con las políticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la práctica se ha traducido en una implementación que ignora los estándares técnicos del llamado Pilar Dos.Esta decisión sitúa al país en un terreno de incertidumbre jurídica, ya que la normativa local adoptada en la reciente reforma tributaria difiere sustancialmente de las directrices diseñadas para evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios a nivel mundial.
El espíritu del acuerdo de la OCDE busca que las multinacionales paguen una tasa efectiva de, al menos, el 15% en cada jurisdicción donde operen. No obstante, la arquitectura fiscal colombiana ha implementado este recargo mediante una fórmula interna que no reconoce las exclusiones ni los mecanismos de alivio permitidos por el organismo internacional.
La principal crítica radica en que, mientras la OCDE establece un marco de cumplimiento complejo pero coordinado para evitar la doble tributación, la versión nacional parece priorizar el recaudo inmediato sobre la coherencia global. Esto significa que las empresas podrían terminar pagando impuestos sobre utilidades que, bajo las reglas internacionales, estarían exentas o sujetas a créditos fiscales específicos.
Colombia se desmarca del consenso de la OCDE
El alejamiento de los estándares internacionales no es una cuestión meramente técnica; tiene implicaciones directas en la competitividad del país. Al no seguir el manual de la OCDE. Las multinacionales con sede en países que sí siguen las reglas del Pilar Dos podrían verse obligadas a pagar impuestos adicionales en sus matrices, al no reconocerse el pago en Colombia como un impuesto mínimo «cualificado».
La falta de alineación crea un entorno donde las reglas del juego son distintas a las del resto del mundo, lo que desincentiva la llegada de nuevos capitales. Litigiosidad: Se prevé un aumento en las demandas ante el Consejo de Estado y tribunales internacionales por la posible violación de tratados para evitar la doble imposición (CDI).
Desde el Ministerio de Hacienda se ha defendido la medida como una herramienta necesaria para fortalecer las arcas públicas y garantizar que las grandes corporaciones contribuyan de manera equitativa. No obstante, analistas del sector privado advierten que «ser un verso suelto» en la fiscalidad internacional suele salir caro.
La OCDE ha sido clara: para que un impuesto mínimo sea reconocido globalmente, debe cumplir con una serie de pruebas de «puerto seguro» y definiciones de base imponible muy estrictas. Colombia, al saltarse estos pasos, ha creado un híbrido que podría ser rechazado por los socios comerciales estratégicos.
A medida que más países de la región comienzan a implementar sus propias versiones del Pilar Dos, el caso colombiano será observado como un experimento de soberanía fiscal frente a la estandarización global. La pregunta que queda en el aire es si el beneficio del recaudo adicional compensará la posible fuga de inversiones hacia jurisdicciones que ofrezcan una mayor armonía con las reglas de París.Por ahora, las empresas presentes en el país deberán navegar un complejo mapa tributario donde las matemáticas locales y las globales no parecen coincidir, elevando el costo de cumplimiento y la presión sobre los departamentos financieros de las grandes corporaciones.
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