La reciente órden del presidente Gustavo Petro de suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, entre ellos a alias ‘Chiquito Malo’, bajo el argumento de facilitar su movilización hacia Tierralta y Belén de Bajirá, para continuar con las negociaciones de la Paz Total levanta serios interrogantes. Es necesario preguntarse sobre las verdaderas intenciones del Gobierno Nacional con esta decisión. No se trata solo de la medida en sí, sino del momento en que se produce, faltan pocos días de una jornada electoral decisiva.
El riesgo del constreñimiento al elector es alarmante, no es novedad en Colombia que la presencia de grupos armados lleve a generar presiones sobre los votos y la democracia. En regiones donde la presencia del Estado es apenas un eco, la libertad del voto es una ilusión frágil. Permitir que líderes criminales transiten sin restricciones en territorios donde la institucionalidad es nula, es entregarle el control de las urnas al fusil. Como bien se advierte, el constreñimiento no solo se ejerce con la presión directa; el simple hecho de retener cédulas bajo la promesa de devolverlas tras los comicios es una herida mortal a la autonomía ciudadana.
Es preocupante que tras cuatro años de gestión, el Gobierno decida sentar a estos actores armados ilegales justo cuando el calendario electoral corre. Mientras las ciudades principales viven una realidad desconectada, más de 700 municipios solo figuran en el mapa nacional cuando una tragedia, una masacre o un atentado, los vuelve noticia.
La Fiscalía General ha actuado con sensatez al cuestionar estas decisiones del Gobierno Nacional en medio de una ola de criminalidad creciente. El país no necesita gestos políticos disfrazados de paz en época electoral; necesita garantías reales de que el material electoral llegará a su destino, que los jurados estarán protegidos y que cada colombiano, sin importar cuán remoto sea su municipio, podrá votar sin miedo y sin dueños. La decisión de no acatar la orden del presidente y de no suspender las órdenes de captura de esos 29 actores armados fue lo más acertado por parte de la Fiscalía.
