Durante décadas, el historial financiero de las pequeñas y medianas empresas en Colombia ha estado confinado en los archivos de los bancos tradicionales. Esta «custodia» de la información generaba un círculo vicioso: si una empresa no encajaba en el perfil rígido de su banco de siempre, difícilmente encontraba alternativas en otros lugares, pues nadie más conocía su verdadero flujo de caja o su comportamiento transaccional.
Sin embargo, las reglas del juego acaban de dar un giro radical. Con la expedición del Decreto 0368 de 2026 el pasado 7 de abril, el Gobierno Nacional ha formalizado la entrada de Colombia al modelo de finanzas abiertas (Open Finance) de carácter obligatorio.
Panorama general: La nueva normativa modifica el Decreto 2555 de 2010 y establece una obligación clara: los bancos, fiduciarias, aseguradoras, fondos de pensiones y comisionistas de bolsa deben compartir los datos personales y financieros de sus clientes a través de interfaces tecnológicas estandarizadas (API). El único requisito es la autorización expresa del titular.
Para una MiPyme, esto se traduce en una liberación de su propio historial. Ahora, una ferretería o un taller de confecciones puede ordenar a su banco que entregue sus datos de los últimos doce meses a una fintech o a otra entidad competidora. Con esta información «en la mano», los nuevos oferentes pueden evaluar ventas reales, promedios de saldo y flujos de caja para diseñar créditos con mejores tasas y plazos que se ajusten al ciclo real del negocio.
«Hoy las centrales de riesgo comparten si una MiPyme pagó o no, pero el banco se guardaba lo más valioso: cuánto mueve en su cuenta o qué saldo promedio mantiene», explica Nicolás Villa, CEO de Platam, una fintech que ya utiliza datos transaccionales para evaluar riesgos. «El decreto obliga a compartir esos datos operativos y eso realmente cambia las reglas».
Open Finance en Colombia: El Decreto 0368 obliga a los bancos a compartir datos
La urgencia de esta medida se refleja en las cifras. Las MiPymes representan más del 90% de las empresas en Colombia y sostienen el 79% del empleo. Pese a su importancia, el sistema tradicional suele darles la espalda: más de la mitad de estos negocios debe recurrir al crédito de proveedores para sobrevivir, debido a que los bancos exigen garantías desproporcionadas o procesos de evaluación excesivamente lentos.
Plataformas como Platam, que desde 2020 han movilizado más de 40 millones de dólares en liquidez para 2.500 empresas, han demostrado que mirar el «negocio real» (ventas y relaciones con proveedores) permite encontrar viabilidad donde la banca tradicional solo ve riesgo. Ahora, con el decreto, estas entidades podrán complementar sus modelos con el historial financiero formal que antes estaba cautivo.
Por qué es importante: Aunque la ambición de la norma es alta, el camino hacia la ejecución técnica no será sencillo. Colombia se convierte en el primer país de la región andina en adoptar este esquema obligatorio, pero los espejos internacionales invitan a la cautela:
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Unión Europea: Cinco años después de su normativa (PSD2), menos del 30% de los bancos eran plenamente compatibles.
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México: Su Ley Fintech de 2018 aún tiene disposiciones de open banking sin reglamentar ocho años después.
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Brasil: Es el caso de éxito, logrando conectar a 70 millones de usuarios en menos de cuatro años gracias a la sinergia con su sistema de pagos Pix.
En Colombia, la Superintendencia Financiera tiene ahora una carrera contra el reloj: cuenta con seis meses para publicar el cronograma técnico y doce meses para poner en marcha el directorio oficial de participantes.
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