En su más reciente medición, el Global Initiative Against Transnational Organized Crime volvió a encender las alertas sobre el avance de las economías ilegales en el mundo. El Global Organized Crime Index 2025, que analiza 193 países, ubica a Colombia como el segundo territorio con mayor presencia de crimen organizado, solo por detrás de Myanmar.
El informe evalúa no solo la magnitud de los mercados ilícitos como narcotráfico, trata de personas, minería ilegal, tráfico de armas o ciberdelitos, sino también la capacidad de los Estados para responder a estas amenazas, un componente que el estudio denomina “resiliencia”. La combinación de ambos factores permite dimensionar qué tan arraigadas están las redes criminales y qué tan efectivas son las instituciones para contenerlas.
Informe global ubica a Colombia como el segundo país con mayor presencia de crimen organizado en 2025
De acuerdo con el índice, Myanmar encabeza el listado con una puntuación de 8,08 sobre 10 en criminalidad. El reporte atribuye esta posición a la persistencia de actores armados, la producción de metanfetaminas y el contrabando, en un contexto de débil capacidad institucional. Su nivel de resiliencia estatal es uno de los más bajos del mundo.
Colombia aparece en el segundo lugar con 7,82 puntos, lo que representa un ligero aumento frente a la medición anterior. El documento señala que el narcotráfico, la minería ilegal y la consolidación de estructuras armadas posdesmovilización continúan siendo factores determinantes. Aunque el país presenta un nivel de resiliencia superior al promedio regional, este aún resulta insuficiente para reducir de manera sustancial la influencia de estas organizaciones.
En tercera posición se encuentra México, con 7,68 puntos. El informe destaca la diversificación de sus economías criminales, especialmente en la producción y tráfico de drogas sintéticas, además de la trata de personas y los delitos ambientales. A pesar de los esfuerzos institucionales, la capacidad operativa de los cárteles mantiene al país entre los más afectados.
América Latina bajo presión
La región latinoamericana figura con fuerza en el ranking. Ecuador y Paraguay comparten el cuarto lugar con 7,48 puntos, aunque con dinámicas distintas. En el caso ecuatoriano, el crecimiento acelerado de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico ha impactado puertos estratégicos del Pacífico, incrementando la violencia y la penetración territorial de estas redes.
Paraguay, por su parte, mantiene niveles elevados asociados al tráfico de marihuana, contrabando y lavado de activos. En ambos casos, el índice advierte debilidades estructurales que dificultan una respuesta estatal sostenida.
África y Medio Oriente en el top 10
El continente africano también concentra varios países entre los diez primeros. La República Democrática del Congo ocupa el sexto lugar, impulsada por la explotación ilegal de minerales y la presencia de milicias armadas. Sudáfrica aparece séptima, con altos niveles de violencia urbana y delitos financieros, aunque presenta la resiliencia más alta dentro de este grupo.
Nigeria, en el octavo puesto, combina redes dedicadas a la trata de personas, el tráfico de petróleo y el cibercrimen. En tanto, Líbano se ubica noveno, en medio de una profunda crisis económica que ha debilitado su aparato institucional y facilitado la expansión de mercados ilícitos.
Cierra el listado Türkiye, que registra un crecimiento en actividades vinculadas al tráfico de migrantes, contrabando y delitos financieros, consolidándose como un nodo estratégico para redes transnacionales.
Resiliencia: el desafío pendiente
Más allá de la clasificación, el índice subraya una tendencia preocupante: mientras los mercados ilícitos se adaptan y diversifican con rapidez, la respuesta institucional avanza de manera desigual. En varios países, los marcos regulatorios, la cooperación internacional y la inversión en justicia y seguridad no logran seguir el ritmo de organizaciones cada vez más sofisticadas.
El estudio enfatiza que la lucha contra el crimen organizado requiere estrategias integrales que incluyan fortalecimiento institucional, transparencia, cooperación regional y políticas sociales que reduzcan los incentivos para la economía ilegal.
En el caso colombiano, el segundo lugar en el ranking representa un llamado a reforzar la capacidad estatal y consolidar avances en materia de seguridad y desarrollo territorial. La medición de 2025 confirma que el crimen organizado sigue siendo un fenómeno global interconectado, cuya contención dependerá tanto de la acción local como de la articulación internacional.
