Las ejecuciones de civiles por militares durante el conflicto armado en Colombia, conocidos como «falsos positivos», podrían quedar impunes debido al pacto de justicia acordado por el gobierno y la guerrilla FARC, denunció este lunes la organización Human Rights Watch (HRW).
La jurisdicción especial para la paz acordada en diciembre entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), representa un «jaque mate» a la justicia, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
El acuerdo, enmarcado en los diálogos de paz en La Habana, establece un sistema jurídico especial para castigar a los responsables -incluidos agentes del Estado- de delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto, que ha dejado al menos 220.000 muertos en más de medio siglo.
Pero un análisis de HRW estableció que de hecho, el acuerdo «permite que miembros del Ejército responsables de la ejecución sistemática de civiles escapen a la justicia», dijo Vivanco en rueda de prensa en Washington, denunciando «unos grados de enorme impunidad» sobre esos crímenes.
Entre los delitos más polémicos que involucran a militares se encuentran los llamados «falsos positivos»: ejecuciones extrajudiciales de civiles que los soldados presentaban como guerrilleros muertos en combate con el fin de obtener prebendas en el ámbito castrense.
Unos 3.000 civiles fueron ejecutados por brigadas del Ejército entre 2002 y 2008, según HRW.
Más de 600 soldados han sido condenados por esos delitos, pero «deberían salir en libertad», si el acuerdo es aprobado por el Congreso colombiano, dijo Vivanco.
El acuerdo establece que quienes aporten a la verdad y reparen a los afectados podrán evitar una cárcel común, aunque deberán pagar penas alternativas de reclusión de 5 a 8 años.
Pero «en la práctica se trata de servicios a la comunidad para criminales de guerra confesos», afirmó Vivanco.
Además HRW denunció que los comandantes militares investigados podrán evadir toda pena si convencen al tribunal que no tenían conocimiento ni control sobre los delitos atribuidos a sus tropas, una disposición que para la organización de derechos humanos es «inconsistente» con el derecho internacional.
«Son subterfugios, resquicios jurídicos negociados en La Habana para proteger a los superiores jerárquicos, ya sea comandantes de las FARC o generales», dijo Vivanco.
Las FARC y el gobierno colombiano incumplieron su compromiso de firmar un acuerdo de paz la pasada semana, un proceso marcado por el debate entre hacer justicia por los crímenes y la posibilidad de acabar efectivamente con el último conflicto armado vigente en América Latina.
Pero con esas «concesiones» a los altos responsables del Ejército y las FARC, se está poniendo «en entredicho el futuro del proceso de paz», señaló Vivanco.