El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de manera temporal suspendió un fallo que obligaba a Colombia a pagar 379,8 millones de dólares (aproximadamente 1,66 billones de pesos, según la tasa de cambio del 9 de diciembre de 2024) a la empresa española Telefónica.
CIADI suspende temporalmente fallo millonario contra Colombia: claves del caso Telefónica
La controversia surge tras la sentencia emitida el 6 de diciembre, en la que el tribunal arbitral condenó al Estado colombiano por presuntamente violar la obligación de brindar un trato justo y equitativo a Telefónica.
Según el fallo, la decisión se basó en cambios legislativos que, según la compañía, afectaron negativamente sus inversiones en el país.
El litigio tiene sus raíces en los contratos de concesión firmados en 1994 entre Colombia y operadores de telefonía móvil, como Telefónica y Claro. Estos contratos estipulaban que, al finalizar las concesiones, el espectro y la infraestructura de telecomunicaciones revertirían al Estado. Sin embargo, una ley de 1998 alteró estas condiciones, lo que llevó a Telefónica a argumentar que dichas modificaciones lesionaron sus derechos e inversiones.
Frente a este escenario, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitó la suspensión y anulación del fallo, alegando serios defectos en el Laudo, tales como falta de motivación, extralimitación de facultades por parte del tribunal arbitral y la violación del debido proceso.
En un comunicado oficial, la agencia explicó: “Colombia presentó dicho recurso al encontrar serios defectos en el Laudo, incluida la patente falta de motivación, la manifiesta extralimitación de facultades cometida por el Tribunal Arbitral y la violación del debido proceso de la República Colombiana”.
Como resultado, el CIADI accedió a suspender la ejecución del fallo de manera provisional mientras se realiza un nuevo examen jurídico. Un comité ad hoc será designado para revisar la solicitud de anulación presentada por Colombia.
El ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Mauricio Lizcano, celebró la decisión inicial del CIADI y reiteró que el Gobierno seguirá defendiendo los intereses del país. “Creemos que la ley aplica hacia el futuro, no hacia el pasado. El contrato original ya especificaba la reversión de los activos, y estamos seguros de que nuestra defensa es sólida”, afirmó el funcionario.
Lizcano también subrayó que Colombia y Telefónica mantienen una relación comercial, ya que el Gobierno Nacional posee el 32,5 % de participación accionaria en la empresa a través del Ministerio de Hacienda.
La decisión del CIADI representa un alivio temporal para las finanzas del país, pero también pone de manifiesto la complejidad de los conflictos derivados de los contratos de concesión y las modificaciones legislativas.
En los próximos meses, el comité ad hoc deberá emitir un fallo definitivo que podría influir significativamente en el panorama económico y jurídico de Colombia.
Mientras tanto, tanto el Gobierno como Telefónica se preparan para enfrentar las próximas etapas de este proceso internacional, cuyo desenlace será clave para futuras inversiones extranjeras en el país.
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