Como se anticipaba, Estados Unidos aplicó la descertificación condicional a Colombia en materia de lucha contra las drogas, ubicándola al nivel de Birmania, Venezuela, Afganistán y Bolivia. El mensaje no puede ser más claro: el país perdió credibilidad en su compromiso contra el narcotráfico, y al hacerlo, quedó expuesto ante el mundo como un territorio donde la producción y tráfico de cocaína avanzan sin control.
El golpe político es directo contra el gobierno de Gustavo Petro, cuya política de seguridad y paz total ha resultado errática y permisiva. Mientras la narrativa oficial insiste en que hay avances, la realidad es inocultable: Colombia está nadando en coca, los grupos criminales se han fortalecido y el Estado ha cedido terreno en el control territorial.
La población civil y las fuerzas armadas, desprovistas de recursos y de una estrategia clara, han quedado a merced de organizaciones ilegales que hoy son más poderosas que nunca.
Pero la descertificación no recae solo sobre Petro. También es un recordatorio de los errores acumulados durante los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque, que allanaron el camino para el desastre actual.
Santos, con su discurso de salud pública, impulsó decisiones judiciales como la prohibición del glifosato; Duque, pese a su retórica, no logró consolidar resultados; y Petro, finalmente, profundizó el desorden con su política de dar estatus político a los carteles y negociar con quienes tienen secuestrado al país.
La advertencia de Washington deja un año de margen: si Colombia no corrige el rumbo con un gobierno que realmente enfrente el narcotráfico, no habrá segundas oportunidades. La descertificación pasará de condicional a definitiva, y esta vez sí vendrán sanciones económicas, restricciones comerciales y aislamiento internacional.
Lo que hoy es un mensaje político, mañana puede convertirse en un castigo que golpee de lleno a la economía y a la estabilidad nacional.