Después del informe presentado por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), donde hicieron una serie de recomendaciones a Colombia tras las manifestaciones sociales, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, se pronunció en nombre del Gobierno.
Por: Redacción 360 Radio
Según Ramírez, “el Estado sí aparte de algunas consideraciones expuestas por la CIDH”, ya que considera que “nadie puede recomendarle a un país tolerante con actos de criminalidad. Nosotros hemos sido un Gobierno que – cómo se lo hemos dicho a la CIDH – y sobre todo hemos sido un país respetuoso de la protesta pacífica como una expresión de la ciudadanía”.
Agregó que los actos de vandalismo, “de terrorismo urbano de baja intensidad y los bloqueos que atentan contra los derechos de los ciudadanos, están siendo enfrentados con el tratamiento que la Constitución y la ley les otorga”.
“Colombia coincide con algunas observaciones contenidas en el documento, las cuales habían sido previstas por el Gobierno nacional. Tal es el caso de la elaboración de un proyecto de ley estatutaria que regula los alcances y limitaciones del derecho a la reunión y de la manifestación pública y pacífica en Colombia, de acuerdo con lo dictado por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y de conformidad con lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
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No obstante, “el Estado Sí aparte de algunas consideraciones expuestas por la CIDH, a la vez que expresa la necesidad de que todas las organizaciones de Derechos Humanos tengan muy en cuenta la responsabilidad que conllevan sus pronunciamientos, en medio de la inestabilidad que afrontan algunas naciones, derivada de la crisis de la economía, el empleo y la salud pública, acarreada por la pandemia del COVID-19”.
En este caso, el Gobierno rechazó crear un “Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, que contribuye a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad”, como lo recomendó la CIDH, ya que, según el Estado, cuentan con una institucionalidad sólida, “cimentada en principios democráticos y garantías para todos los ciudadanos y, por tanto, no consideramos necesario un mecanismo de seguimiento”.
Finalmente, el Estado negó tener conocimiento formal de que las autoridades impidieron el paso de misiones médicas y ambulancias. “En caso de comprobarse, debe ser plenamente esclarecido y los responsables sancionados”.