Confidenciales 360
Esa pregunta ronda la cabeza de varios abogados, periodistas e implicados en los casos judiciales, y es que llama la atención cómo en Colombia se ha vuelto normal, y que ni siquiera se atreven a cuestionar, cómo un medio de comunicación puede acceder a grabaciones que supuestamente son de carácter judicial que deben estar protegidas por una cadena de custodia, y fuera de eso que pueden afectar tajantemente el resultado de cualquier investigación que se esté adelantando.
Está bien, y como medio de comunicación se entiende, que exista un afán por sacar chivas, por tener los mejores resultados en audiencia, entre otros; pero hay también una necesidad tajante de respetar cada uno de los estamentos judiciales, de sus procedimientos y sobre todo de lo que contempla la ley.
En tal virtud, en el caso de Roberto Prieto llama la atención cómo se filtran, y con qué intención, grabaciones que no deben salir a la luz puíblica si no que deben ser estrictamente del manejo de jueces e investigadores legalmente facultados, y además de eso es supremamente llamativo la misma disposición del ente acusador, que filtra los audios de Prieto a un medio de comunicación, lo cual deja mucho qué desear no solamente de cómo se escoge a quién filtrar sino con qué intención se hace.
En ese sentido, desde los medios se debería establecer un ánimo por no afectar las investigaciones que se hagan a determinada persona, y por parte de los entes competentes, como la Procuraduría, Fiscalía, Contraloría o las mismas cortes, no mediatizar los casos sacándolos a la palestra pública, sino dejar que sea la justicia quien actúe y se conozcan los resultados. Luego de eso, si se filtra o no un audio será distinto pero no en pleno procedimiento judicial.