Este contenido hace parte de nuestra sexta edición de 360 Revista. Cada año, nuestro medio de comunicación realiza una publicación impresa con la compilación de los hechos más relevantes del año que culmina y con proyecciones de expertos para el que nos espera.
Por: Ana Fernanda Maiguashca, Presidenta Consejo Privado de Competitividad, Compite
La pandemia del covid-19 y las medidas para contenerla han tenido efectos profundos sobre nuestra salud, nuestra economía y nuestra sociedad. Se han confirmado más de 127.00 fallecidos por covid-19 en Colombia. En el trimestre abril-junio de 2020 se perdieron 4,8 millones de empleos. Alrededor de 3,5 millones de personas cayeron en la pobreza monetaria.
Es de destacar el enorme esfuerzo del Gobierno y de la sociedad en general para afrontar esta crisis sin precedentes. El sistema de salud aumentó su capacidad para atender las necesidades específicas de esta pandemia y ya hay más de 22 millones de colombianos con esquema completo de vacunación contra el covid-19. Se implementaron programas de gran envergadura en tiempo récord para apoyar hogares y empresas y en todo momento se aseguró la solidez del sistema financiero y la estabilidad macroeconómica.
Ahora bien, a pesar de que la reactivación ya es una realidad, Colombia tiene enormes retos sociales y económicos que fueron visibilizados y profundizados por la pandemia. Además, las protestas durante el primer semestre de 2021 dejaron claro que abordarlos es impostergable.
En este contexto, desde el Consejo Privado de Competitividad queremos hacer énfasis en que las personas son el origen y el fin de la competitividad. Son ellas las que lideran y generan valor en las empresas, las que consumen los productos que otras empresas producen, las que investigan en laboratorios y enseñan en las aulas. Así mismo, son ellas quienes gozan o sufren las fortalezas y debilidades competitivas del país.
Bajo esa premisa, el Informe Nacional de Competitividad 2021-2022 invita a trabajar juntos por cuatro objetivos prioritarios que nos permitan mejorar la vida de todos en Colombia.
Como primer objetivo, es fundamental recuperar la esperanza de nuestras nuevas generaciones a través de más oportunidades para aprender y trabajar. Un niño en primero de primaria hoy tiene una probabilidad de 44 % de graduarse de bachillerato. La cobertura en educación media es del 47 %. Hay casi 3 millones de jóvenes entre 14 y 28 años que no trabajan y no estudian.
En este respecto, la prioridad debe ser acelerar el regreso a la presencialidad educativa, universalizar la educación preescolar, e iniciar el proceso de remediar las pérdidas de aprendizaje por el cierre de centros educativos. También se debe dinamizar la implementación del Marco Nacional de Cualificaciones para promover el aprendizaje pertinente a lo largo de la vida. Finalmente, es clave ajustar las normas laborales y de seguridad social para poder ofrecer empleos formales a la población desempleada y con empleo vulnerable.
Como segundo objetivo, se debe mejorar el funcionamiento de los mercados para que más empresas puedan competir, crecer e innovar. Colombia ocupa el puesto 126 entre 141 países en el indicador de competencia doméstica del Foro Económico Mundial. La informalidad laboral es del 63 % y el 87 % de los micronegocios no están registrados. Menos del 1 % de las empresas registradas pagan impuestos, exportan o innovan.
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Este reto implica, entre otros, revisar nuestras regulaciones para facilitar la actividad productiva, promover la competencia y, sobre todo, poner al consumidor en el centro. Además, es clave internacionalizar la economía, la sociedad y la academia para fomentar la absorción de tecnología y conocimiento en el aparato productivo. Igual de importante será aprovechar las oportunidades que ofrece la transición hacia la neutralidad en carbono.
Como tercer objetivo, necesitamos un país más conectado para afrontar este reto colectivo. En 19 departamentos menos del 50 % de los hogares tienen acceso a internet. La leña representa el 37 % del consumo energético total de los hogares en Colombia. El 70 % de las vías terciarias están en mal estado.
Con esto en mente se deben extender servicios digitales a zonas rurales y población vulnerable y seguir diversificando la matriz de generación eléctrica y ampliando el abastecimiento de gas natural. También se debe consolidar un transporte multimodal competitivo en todo el territorio y permitir que los costos de transporte se generen en condiciones de competencia.
El cuarto objetivo es avanzar hacia un Estado eficiente, confiable y al que todos le podamos exigir. El 79,9 % del recaudo de impuestos directos proviene de empresas, por encima del promedio de los países de la OCDE de 29 %, y el 75 % de las personas en edad de pensión no logran cotizar las semanas mínimas para recibir una pensión.
Es por ende imperativo avanzar hacia una estructura tributaria que se apoye más en las personas naturales, de acuerdo con su ingreso, y eliminar exenciones y tratamientos especiales para nivelar el terreno de juego entre empresas. En términos de gasto público, es importante seguir revisando cómo se otorgan los subsidios, pero, sobre todo, reformar el sistema pensional para avanzar en cobertura, equidad y sostenibilidad fiscal.
Trabajemos en lo que nos une, porque la competitividad es con todos.