El Gobierno Nacional avanza en la implementación de nuevos tributos con el objetivo de atender los compromisos del Presupuesto General de la Nación y responder a la coyuntura económica declarada el año pasado. En ese contexto, se conoció la inclusión del Decreto 1474 de 2025, mediante el cual se ordena un incremento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para productos como el tabaco y los licores.
La medida contempla un aumento de la tarifa del 5 % al 19 % para cigarrillos, licores, vinos, aperitivos y productos similares, con excepción de la cerveza. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el ajuste tributario permitiría generar un recaudo cercano a los $2,5 billones, recursos que serían destinados a cubrir necesidades fiscales del Estado.
Nuevos tributos al tabaco y licores genera debate entre el Gobierno y los departamentos
Sin embargo, el decreto ha generado una fuerte reacción por parte de las regiones. Al menos 20 de los 32 gobernadores del país manifestaron su inconformidad con la decisión y acudieron a la excepción de inconstitucionalidad, un mecanismo jurídico que permite dejar de aplicar una norma cuando se considera que vulnera la Constitución Política.
Los mandatarios departamentales han advertido que el incremento de estos impuestos afecta directamente sus finanzas, al tratarse de recursos que históricamente han sido una renta cedida a los territorios. Incluso, algunos gobernadores han señalado que no aplicarían el decreto mientras se define su legalidad.
Sobre este punto, la Federación Nacional de Departamentos explicó que el impuesto al consumo es administrado por los entes territoriales y que su manejo se encuentra dentro de las competencias otorgadas por el Congreso de la República. Según la entidad, cualquier modificación que impacte este recaudo debe evaluarse con cautela por sus efectos en las finanzas regionales.
De acuerdo con cifras de FedeDepartamentos, el impoconsumo representa, en promedio, el 43 % de los ingresos tributarios de los departamentos. Estos recursos son fundamentales para financiar sectores clave como la salud, la educación y el deporte, lo que ha incrementado la preocupación frente al impacto que podría generar el aumento del IVA.
Uno de los principales riesgos señalados por las autoridades regionales es el fortalecimiento del contrabando y la ilegalidad. Este fenómeno ya representa un problema estructural, especialmente en el mercado de cigarrillos. Solo en 2024, el contrabando de este producto alcanzó el 36 %, el nivel más alto registrado desde 2011.
Según la Federación, el comportamiento del consumo de cigarrillos responde a una demanda inelástica, lo que significa que el aumento del precio no reduce necesariamente el consumo, sino que desplaza la compra hacia productos de menor valor, generalmente de origen ilegal. Esta situación podría traducirse en una reducción del recaudo formal y mayores pérdidas para los departamentos.
En ese sentido, se estima que el contrabando de cigarrillos en 2024 generó una afectación cercana a $1,03 billones, cifra que evidencia el impacto fiscal de este fenómeno.
El exdirector de la Dian, Lisandro Junco, advirtió que una situación similar podría presentarse en el mercado de bebidas alcohólicas. Según explicó, el encarecimiento del licor nacional e importado podría incentivar el ingreso de productos ilegales, afectando directamente las finanzas territoriales sin lograr el recaudo esperado.
En la misma línea, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo sostuvo que, desde la perspectiva económica, los impuestos excesivamente altos tienden a aumentar el contrabando y a reducir el recaudo, lo que haría contradictoria la medida adoptada.
Las cifras históricas del Programa Anticontrabando muestran que el recaudo por impuestos al consumo de cigarrillos, licores y cervezas fue de $4,98 billones en 2021, aumentó a $5,70 billones en 2022 y alcanzó los $6 billones en 2023, reflejando una tendencia creciente antes del nuevo ajuste tributario.
Mientras continúa el debate jurídico y fiscal, el decreto mantiene abierta la discusión entre el Gobierno Nacional y las regiones, en medio de la preocupación por el equilibrio entre el recaudo, la legalidad y la sostenibilidad de las finanzas departamentales.