Concejala Aguinaga se equivoca con el informe McGregor y el exgerente Rendón

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La concejala del Centro Democrático, Paulina Aguinaga, irrumpió en medios de comunicación y en el Concejo de Medellín señalando al exgerente Álvaro Guillermo Rendón de haber engavetado el informe forense de Hidroituango, cuando en realidad este había sido puesto a consideración de la Junta Directiva desde octubre de 2020. 


Por: Redacción 360 Radio

Mucho revuelo ha causado el informe de la auditoría forense que realizó la firma internacional JAHV McGregor al proyecto Hidroituango, pues en este documento se advertía de falencias que de haberse identificado en su momento habrían evitado la contingencia del 2018, año en el que un túnel auxiliar de desviación colapsó.

Este informe fue presentado por la firma desde octubre del año pasado, pero puso a Epm y al gerente de ese entonces, Álvaro Guillermo Rendón, en el ojo del Huracán por cuenta de los señalamientos de la concejala del Centro Democrático, Paulina Aguinaga, quien aseguró hace varias semanas que el exgerente Rendón ocultó este informe a la Junta Directiva de la compañía.

«Se engavetó una auditoría forense en la que se detallan 33 hallazgos relacionados con la contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango. Esta auditoría fue entregada el 18 de diciembre de 2020 personalmente al exgerente de Epm, Álvaro Guillermo Rendón, en medio físico por solicitud expresa de él», escribió la funcionaria en su cuenta de Twitter.

La concejala no solo publicó este hilo en Twitter explicando la «engavetada» del informe forense, sino que fue vocera en medios de comunicación asegurando que el hecho de que el documento no se conociera era responsabilidad del exgerente Rendón, pues a pesar de conocer la relevancia de la información este la habría ocultado.

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Frente a estas delicadas acusaciones, Álvaro Guillermo Rendón publicó un comunicado en el que aclaraba que había presentado a la Junta Directiva dicho informe desde octubre del 2020, por lo que no engavetó la información, sino que la compartió en una reunión de la junta que tuvo lugar el 29 de octubre del año pasado y de la que se conoció el acta de realización recientemente.

Se trata del Acta 1697 del 29 de octubre de 2020, en la que se evidencia que, como parte del punto 4 de la agenda de ese día, el exdirectivo divulgó ante la junta el documento y señaló que había sido entregado a la Vicepresidencia de Riesgos y Asuntos Jurídicos de la compañía, por lo que en realidad Epm tenía a su alcance dicha información en el momento.

De manera que, en medio de la información que identificó McGregor, el posible cambio de contratistas para continuar las obras en Hidroituango anunciado por el alcalde Daniel Quintero y el proceso que adelanta la Contraloría General de la Nación en cuanto a los responsables fiscales de un detrimento patrimonial por $4,3 billones, es válido preguntarse si habrá lugar a las retractaciones por este malentendido sobre la auditoría forense.

Es un hecho que Epm debe aclarar a la opinión pública por qué nunca se divulgaron los 33 hallazgos del informe sobre Hidroituango, pero también sería mandatorio que la concejala Paulina Aguinaga se retractara públicamente sobre sus señalamientos al exgerente Rendón, quien evidenció que cumplió con su deber al presentar el documento ante la junta.

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Finalmente, el alcalde Daniel Quintero ha sido reiterativo al señalar la importancia que tiene este informe para comprender y solucionar la crisis de Hidroituango, proyecto que ha descrito «como el peor desastre de la ingeniería en el país». Sin embargo, ¿cuáles serán las acciones que se tomarán con base en este? ¿se dará utilidad a este análisis para definir el rumbo de la megaobra? o, por el contrario, ¿esta vez si se engavetará y se dará prioridad a asuntos contractuales y protocolarios?

Es urgente buscar una salida a esta crisis, haciendo a un lado los egos e intereses de los implicados, ya que en primera instancia quienes resultarán más afectados por la indecisión – y también por decisiones desafortunadas – serán los antioqueños que se meten la mano al bolsillo para pagar mes a mes sus cuentas de servicios públicos, las comunidades aledañas a la represa que corren el riesgo de ser afectadas por un nuevo desastre y, por supuesto, también tambalea la seguridad energética de todo el país.

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