El gobierno del presidente Gustavo Petro lo ha dicho públicamente y esto se ha convertido en su mayor barrera para encontrar éxito en que sus reformas sean aprobadas en el Congreso de la República. Lo que ha dicho el gobierno es: «Nosotros ganamos, estamos representando a 11 millones de personas que votaron por nosotros. Ustedes perdieron. Nosotros tenemos que cumplirle a nuestro electorado y estas son las reformas que propusimos en campaña y por las cuales votó el electorado».
Siendo totalmente objetivos, el gobierno Petro tiene toda la razón en que ganaron las elecciones y en que fueron muy claros en la campaña política al exponer sus pilares eventuales de gobierno y que esas propuestas ganaron.
El pequeño inconveniente de esa afirmación es que Colombia, en su sistema democrático de equilibrio de poderes, en el sistema de pesos y contrapesos, tiene un Congreso y unas cortes que tienen todo que ver a la hora de tramitar una reforma en el Congreso, sea del tipo que sea. En ese Congreso hay representaciones de otros partidos que pueden pensar similar o diametralmente distante, abismalmente lejos de las posiciones del gobierno.
Ganar las elecciones en Colombia no significa que hay un derecho a imponer unas reformas o que es un cheque en blanco que la ciudadanía le ha dado al presidente de turno para hacer lo que quiera.
Esa actitud inicial del gobierno, en donde dicen «si no es esta reforma, entonces no», ya sucedió con la reforma de la salud y está pasando con la educación, la pensional y la laboral. Seguramente traerán la misma suerte para esas reformas que la que sufrió la reforma a la salud. De manera que bien haría el gobierno en reflexionar sobre cómo está encarando este debate en el Congreso de la República.
Las bancadas oficialistas nos han dicho que ellos han buscado consensos, que sí han hecho reuniones y han buscado conciliaciones, pero la contraparte menciona que los acuerdos que muchas veces podrían haber propiciado el avance de las reformas son conocidos por el Palacio de Nariño y de inmediato son hundidos, borrados o rechazados, y se pierde lo avanzado.
Dicho lo cual, podríamos decir que nos encontramos en un círculo vicioso y pernicioso para el gobierno, porque no traerá suerte a esas reformas, más en la contrarreloj en que se encuentra, no solo para terminar este periodo de sesiones legislativas, sino porque ya el gobierno se acerca a su segundo año. En el tercer y cuarto año, el país y el mismo Congreso pueden tener un ánimo mucho más distinto para ese tipo de reformas.
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