El panorama en la ruralidad colombiana atraviesa un momento de alta tensión técnica y política. Un grupo de legisladores ha elevado un llamado urgente al Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, para que se realice una revisión inmediata a los procesos de actualización catastral. La alerta surge tras denuncias de incrementos desproporcionados en los avalúos de predios rurales, los cuales, en algunos municipios, han registrado alzas de hasta 25 veces su valor anterior.
Esta situación no solo pone en jaque la estabilidad financiera de los pequeños y medianos productores, sino que amenaza con desencadenar un efecto dominó en los costos de producción de alimentos y la seguridad jurídica de la propiedad en el país.
La preocupación en el Capitolio es latente. Según los congresistas, aunque la actualización catastral es una deuda histórica del Estado para organizar la propiedad, la ejecución actual por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y los gestores catastrales está presentando fallas de cálculo que no reflejan la realidad productiva del suelo.
»No estamos ante una actualización técnica, sino ante un golpe fiscal que el campesino no puede soportar», señalaron sectores de la oposición y algunos partidos independientes.
Efecto colateral de los nuevos avalúos rurales en la canasta básica
El dato que más estruendo ha causado es el aumento de 2.500% en el valor de algunos terrenos. Un predio que antes tributaba sobre una base moderada, hoy se enfrenta a cobros que superan cualquier margen de rentabilidad agrícola. Para los parlamentarios, el Gobierno debe implementar un «techo» o una transición gradual que impida que el impuesto predial se convierta en una herramienta de expropiación indirecta por insolvencia.
El debate no es exclusivamente tributario; tiene un trasfondo social profundo. La lógica de los legisladores es clara: si el costo de mantener la tierra se multiplica por 20 o 25, ese valor se trasladará inevitablemente al consumidor final. En un contexto donde la inflación de alimentos ha sido una lucha constante para la administración actual, un «impuestazo rural» podría revertir los pocos avances logrados en materia de precios.Además, se advierte sobre un posible fenómeno de abandono de tierras. Si el productor no puede cubrir el impuesto predial derivado de estos nuevos avalúos, la inversión en el campo se detendrá, afectando el empleo rural y la meta de convertir a Colombia en una potencia agroalimentaria.
La petición de los congresistas se centra en tres puntos fundamentales que buscan dar un respiro a los municipios afectados:
Suspensión temporal de los cobros: Mientras se revisan las metodologías aplicadas en las zonas donde las alzas superan los dos dígitos.Auditoría técnica al IGAC: Evaluar si los criterios de valoración están teniendo en cuenta factores como la falta de infraestructura, vías terciarias y acceso a servicios, que restan valor comercial a los predios.Diálogo regional: Establecer mesas técnicas con las alcaldías y gremios agrarios para ajustar los avalúos a la capacidad económica real de cada región.
Hasta el momento, la narrativa oficial se ha mantenido en la necesidad de actualizar el catastro para cumplir con el primer punto del Acuerdo de Paz y fortalecer las finanzas municipales. Sin embargo, ante la presión legislativa que une a diferentes orillas políticas, se espera que el Ministerio de Hacienda y la Dirección del IGAC se pronuncien sobre posibles alivios o modificaciones en la fórmula de aplicación.El pulso por la tierra en Colombia suma así un nuevo capítulo, donde la justicia social prometida por el Ejecutivo choca frontalmente con la realidad técnica de unos avalúos que, para muchos, resultan impagables.
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