El presidente Juan Manuel Santos y Humberto de la Calle pidieron a la comunidad internacional y a los colombianos respaldar el nuevo acuerdo. Algunos de los cambios más importantes son en temas de participación política, blindaje jurídico y narcotráfico.
Por: Luis Enrique Castro.
Luego de 41 días de expectativa y largas horas de trabajo en la Habana, el Gobierno y Las Farc anunciaron el día de ayer que alcanzaron un nuevo acuerdo de paz, el cual incluye unas 56 modificaciones con respecto al firmado en Cartagena el 26 de septiembre.
La gestión para realizar los cambios, en medio de gran expectativa e incertidumbre del pueblo colombiano, empezó el pasado 2 de octubre cuando fue rechazado con la victoria del No por el 50,23 % de los votos (6.424.385 votos), contra el SÍ con el 49,76 % (6.363.989) de votos en el plebiscito.
El presidente Santos y el líder negociador del Gobierno en la Habana, Humberto de la Calle pidieron a la comunidad internacional y a los colombianos respaldar el nuevo acuerdo. Por otro lado, el jefe de la delegación guerrillera, “Iván Márquez”, sostuvo que las Farc cedieron “hasta los límites de lo razonable”.
Estas son las principales novedades que se conocen, trae el nuevo acuerdo de paz.
Participación política de las Farc.
Uno de los puntos más criticados por los partidarios del NO fue la participación política de las Farc.
En este aspecto el grupo no aceptó la petición de los sectores del NO sobre la inhabilidad de los guerrilleros con delitos graves, sí estuvieron de acuerdo en que sus miembros no puedan acceder a las 16 curules que se darán en la Cámara para las zonas afectadas por el conflicto.
Sin embargo, conservan el beneficio de 10 curules directas durante los próximos dos periodos electorales para el congreso, comprendidas en 5 puestos en Cámara y otros cinco en el Senado.
Igualmente, los representantes de las Farc aceptaron una reducción del 30% en la financiación del partido político que constituyan, basado en el valor contemplado en el acuerdo firmado el 26 de septiembre. Los jefes de la Guerrilla podrían presentarse a cargos de elección popular, esto no cambió.
Adiós al blindaje jurídico.
Uno de los temas con mayor debate con las Farc durante el acuerdo que se firmó en Cartagena había sido el blindaje jurídico de los pactos por la paz. El grupo guerrillero decía que solo se sentía seguro si lo acordado quedaba incorporado en la Constitución.
Pues bien, esta idea fue descartada en el nuevo acuerdo de paz y la garantía de cumplimiento sería la buena fe de las partes y la confianza establecida. También se estableció que la revisión de la tutela contra decisiones de la Jurisdicción Especial estará en cabeza de la Corte Constitucional.
Jurisdicción especial para la paz.
Uno de los puntos más importantes es que se estableció características y mecanismos de la restricción efectiva de la libertad para los guerrilleros sentenciados. En esta medida se fijaron límites donde los guerrilleros, con esta restricción, no podrían desplazarse fuera de las zonas veredales y para realizarlo tendrán que cumplir los horarios que para ello defina el Tribunal Especial para la Paz.
La restricción de libertad para los guerrilleros sería de 5 a 8 años si dice la verdad, sancionado en un lugar fijo de residencia. Esto lo realizará la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual tendrá una duración máxima de 10 años, pero sólo podrán recibir solicitudes de investigación durante los dos primeros años de funcionamiento.
Narcotráfico.
Las Farc se comprometen a entregar información detallada sobre estas actividades y a cooperar para combatir este flagelo. Los Magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz tendrán en cuenta el análisis de cada caso bajo la jurisprudencia de las cortes colombianas, teniendo en cuenta la conexidad de esta actividad con el delito político.
“Queda claro que entre la normatividad aplicable se incluye el Código Penal Colombiano y que las normas procedimentales deberán ser incorporadas al ordenamiento legal”, dijo De La Calle.
Otros temas.
En la reparación de víctimas las Farc en la dejación de armas deberán entregar un listado completo de sus activos y bienes, con el fin de destinarlos a esta función.
Por petición del sector empresarial el plazo de implementación de los acuerdos se extendió de 10 años a 15 años para no afectar programas prioritarios del Estado.
Se deberá respetar la libertad de culto, expresión sexual y pensamiento de las personas. En el tema de las mujeres se estudiará cómo realizar una igualdad para restablecer sus derechos de la forma más correcta posible.