El Consejo de Estado ordenó al Ministerio de Minas y Energía y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) avanzar y culminar los procesos administrativos necesarios para modificar las fórmulas tarifarias del servicio de energía eléctrica en la región Caribe.
La decisión busca revisar las pérdidas de energía reconocidas en las tarifas, reducirlas de manera efectiva y procurar que los usuarios paguen un precio justo por el servicio. La medida se da en medio de las constantes reclamaciones por los altos costos de la energía en departamentos de la Costa Caribe.
¿Qué dice la orden del Consejo de Estado?
El fallo establece que las autoridades deberán verificar que los niveles de pérdidas reportados por los operadores correspondan con la realidad y que los componentes incluidos en las fórmulas tarifarias se estén aplicando de acuerdo con la normatividad vigente.
“Ordenar al Ministerio de Minas y Energía y a la Creg que continúen y culminen las actuaciones administrativas correspondientes, acorde con la normatividad vigente, a fin de modificar las fórmulas tarifarias que contribuyan a la reducción y establecimiento de un precio justo para el servicio de energía eléctrica en la región Caribe”, señala la providencia.
La decisión también contempla medidas para modernizar la infraestructura eléctrica, proteger las redes y garantizar que la medición corresponda al consumo real de los usuarios. Uno de los puntos que genera mayor expectativa entre los usuarios es la eliminación de la sobretasa del 20 % aplicada al componente de comercialización de energía en el Caribe.
Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe, señaló que este cobro representa uno de los asuntos pendientes dentro de la discusión tarifaria.
“Todavía no se ha resuelto el problema de la sobretasa del 20 % en la comercialización. Las tarifas tienen que ser pagables porque, si lo son, también mejorará el recaudo”, afirmó Alarcón.
La acción popular que dio origen al proceso fue presentada en 2022 por las personerías de Santa Marta, Barranquilla y Riohacha, con el objetivo de proteger los derechos de los usuarios frente al costo y la prestación del servicio de energía.
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