El Consejo de Estado ha decidido suspender el fallo del Tribunal Arbitral que había obligado a Empresas Públicas de Medellín (EPM) a desembolsar $781.828 millones a la Sociedad Hidroeléctrica Ituango. Esta decisión llega tras la admisión del recurso de anulación presentado por EPM contra el laudo arbitral emitido a finales de 2023.
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Panorama general: El origen de la disputa se remonta al 15 de octubre de 2020, cuando la Sociedad Hidroituango presentó una demanda inicial contra EPM. La demanda surgió como resultado de los efectos colaterales de una contingencia significativa en el proyecto Hidroituango. El colapso de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) generó una reacción en cadena que obligó a EPM a inundar la casa de máquinas y causó un retraso irreversible en la ejecución del proyecto.
En octubre de 2020, la Sociedad Hidroituango desistió de llegar a un acuerdo amistoso con EPM y presentó una demanda solicitando que EPM asumiera los sobrecostos derivados de la contingencia, sin transferir estos costos al proyecto. Posteriormente, el 25 de febrero de 2021, la Sociedad presentó otra demanda que exigía el pago de cláusulas penales estipuladas en el contrato, debido a los hitos constructivos que EPM no había cumplido a causa de los retrasos.
¿Cuál fue la decisión del Consejo de Estado?
Ambas demandas fueron resueltas por el Tribunal Arbitral, que falló en favor de la Sociedad Hidroituango. El tribunal había dictado que EPM debía desembolsar la millonaria suma de $781.828 millones a la Sociedad Hidroeléctrica Ituango como compensación por los daños y sobrecostos.
Por qué es importante: El recurso de anulación presentado por EPM ante el Consejo de Estado argumenta que el laudo arbitral contenía errores que justifican su revisión. La decisión del Consejo de Estado de suspender el fallo implica que el desembolso de la suma millonaria a Hidroituango queda en suspenso mientras se revisa el recurso.
La suspensión del fallo es un desarrollo significativo para ambas partes. Para EPM, significa que la obligación de pagar los $781.828 millones está temporalmente bloqueada, permitiendo a la compañía revisar y posiblemente impugnar las decisiones del tribunal. Para la Sociedad Hidroituango, la suspensión representa una espera adicional antes de recibir la compensación que el tribunal había ordenado.