Nuestro editorial para hoy 22 de junio aborda unas consideraciones postelectorales que planteamos necesarias y sobre todo muy valiosas por cuenta de lo que nos pueden aportar para el presente y futuro del sistema democrático colombiano.
En primer lugar, cabe destacar que afortunadamente el domingo no se presentó ningún estallido social que fue bastante anunciado y que hizo parte de un esquema de amenazas de una de las campañas presidenciales -la que salió ganadora- y que al ser la contraparte quien sale derrotada y reconocer los resultados de inmediato, ninguna calle ardió, ningún establecimiento comercial fue atacado, ningún CAI de la Policía fue incendiado, mucho menos se atentó contra la fuerza pública o contra el patrimonio público. Así deberían ser cada una de las elecciones que se desarrollan en Colombia, el desenlace no tendría por qué tener amenazas encima si una de las dos opciones pierde. Esto es de destacar.
Daniel Quintero, el actual alcalde de Medellín, planteaba hoy en un medio de comunicación que pedirle a un político que no hable de política es como decirle a un pez que no beba agua, y no es la primera vez que se trae a colación una discusión de antaño: si los funcionarios públicos y gobernantes podrían opinar e incluso hacer campaña, pasa en Estados Unidos y en Colombia también pero todo ocurre por debajo de la mesa pues siempre los gobernantes tienen candidatos al Senado, a la Cámara, a los concejos municipales, a las asambleas y también a la presidencia; habría que ser demasiado ingenuo para creer que no es así.
Sin embargo, con la reciente sanción de la Procuraduría que en la realidad sí va en contra del dictamen que dio la CIDH, sería bueno volver a poner en la mesa con este nuevo gobierno si es necesario o no mantener ese velo para que los funcionarios públicos hablen de política.
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Otra consideración que hacía uno de los candidatos presidenciales, Enrique Gómez Martínez, era sobre el voto de la fuerza pública. Recordemos que por cuenta de las épocas que vivió Colombia se prohibió que la fuerza pública fuese deliberativa, que tuvieran derecho al voto porque lo consideraban un peligro para la democracia y para los candidatos contrarios a los gobiernos que estuvieran vigentes en ese momento, de manera que es otra de las consideraciones que el nuevo gobierno podría tener a la hora de tratar en una eventual reforma política.
Es muy importante que dentro de la agenda política venidera se estudie esa capacidad de votación que han tenido sorpresivamente unas regiones, que luego fueron verificadas. Se lograron a través de no solamente de una coerción de grupos ilegales sino de logísticas financiadas por clanes políticos cuestionados y donde se penalice de una vez por todas, como debería ser, el constreñimiento al voto, el soborno del voto, pues esto lleva no solamente listas abiertas, está llevando las altas financiaciones sin tope de muchas campañas las cuales terminan perjudicando altamente el sistema democrático colombiano. La financiación estatal tiene que garantizarse con todos los controles que exige la ley.
Si alguna reforma se tiene que adelantar en estos tiempos es la de combatir la compraventa de votos, el constreñimiento, la presión de los grupos ilegales en distintas zonas del país que alteran la voluntad del pueblo y que esta no se vea reflejada en los resultados finales en cualquier elección.
El presidente electo Gustavo Petro se está demorando para dar a conocer por lo menos tres nombramientos: el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Defensa. Espera la opinión pública, el mercado, el sector privado que sean nombramientos más que técnicos y amigables, que inspiren confianza y transparencia, que sean de largo aliento, que no sean nombramientos preliminares sino que por convicción se conviertan en verdaderos capitanes del barco que comandará Gustavo Petro y por el bien del país ese barco tiene que llegar a buen puerto.
