El panorama de los preparativos para los comicios de 2026 encendió las alarmas en los organismos de control. En las últimas horas, la Contraloría General de la República ordenó la apertura formal de una indagación preliminar para examinar de cerca una serie de contratos celebrados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El objetivo principal de esta medida es determinar si existieron irregularidades y posibles sobrecostos en los procesos de contratación enfocados en la capacitación, acreditación y dotación logística para los testigos electorales que vigilarán el próximo proceso democrático.
CNE bajo la lupa: investigan millonarios contratos de capacitación logística
La investigación fiscal no se limita a un solo frente. De acuerdo con el órgano de control, el análisis abarcará múltiples componentes clave dentro de la organización electoral, tales como:
Las actividades de formación y pedagogía dirigidas a los testigos en todo el territorio nacional. Como parte de las primeras diligencias probatorias, el equipo auditor solicitó al CNE un expediente detallado sobre el vínculo contractual establecido con la Unión Temporal Actores Electorales 2026.
Entre los datos exigidos figuran las fechas de inicio y finalización, las cuantías, los objetos contractuales, el estado actual de avance y los pagos ejecutados, además de la identificación de los interventores y supervisores a cargo. En la misma línea, la Contraloría requirió información pormenorizada sobre las firmas que integran dicho consorcio: LinkTic, con una participación mayoritaria del 95%, y BexTechnology, que cuenta con el 5% restante.
Desde la entidad de control fiscal se precisó que esta indagación preliminar no constituye una declaratoria de responsabilidad, sino el paso inicial dentro de las facultades de inspección para recaudar pruebas y esclarecer el manejo de los recursos públicos.
