La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre la efectividad de los recursos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz. En su noveno informe de seguimiento al Plan Plurianual de Inversiones para la Paz, la entidad, encabezada por el contralor Carlos Hernán Rodríguez, concluyó que los $107,4 billones invertidos en los últimos nueve años no han logrado consolidar una paz estable y duradera en los territorios.
La cifra, que corresponde al 53% del presupuesto estimado a 15 años, $201,5 billones, refleja un esfuerzo fiscal importante, pero con resultados cuestionables: casi la mitad de los proyectos de “paz” carecen de asociación directa con compromisos del Acuerdo Final y apenas un 17% permite medir avances de forma clara.
Panorama general: El año 2024 cerró con una ejecución de $19,2 billones, un 16,2% más que en 2023. Aunque la cifra supera las proyecciones iniciales, el balance muestra que el crecimiento presupuestal no se traduce en mejoras verificables en la vida de las comunidades rurales y víctimas del conflicto.
El contralor Rodríguez subrayó que “los recursos ejecutados no deben limitarse a cumplir metas financieras, sino generar transformaciones estructurales en los territorios”.
El informe reconoce avances en instrumentos como el Mecanismo de Obras por Impuestos, que acumula $3,9 billones ejecutados, con un crecimiento de 40,7% en el último año.
Por su parte, el Fondo Colombia en Paz (FCP) adelantó 42 convocatorias por $115.831 millones en 2024, dirigidas a proyectos de infraestructura vial y educativa, salud, desarrollo productivo y comunidades étnicas.
Entre julio de 2024 y junio de 2025, la Contraloría identificó 113 hallazgos en la gestión de recursos del posconflicto, de los cuales 31 tienen incidencia fiscal por $4.794 millones.
En el sector de Minas y Energía, se encontró que el 12% de los proyectos de sistemas solares fotovoltaicos financiados con recursos del Ocad Paz resultaron inoperantes por falta de modelos de operación y mantenimiento.
Inversión en el Acuerdo de Paz: Contraloría advierte baja pertinencia y falta de resultados medibles
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) concentró el 32% del presupuesto general destinado a la paz, con $3,84 billones, de los cuales $3,12 billones se orientaron a la reforma agraria.
El Plan Nacional de Formalización registró un presupuesto de $6,26 billones y logró adjudicar 7.432 hectáreas en 2024, la cifra más alta de los últimos años, aunque insuficiente frente a la meta de 3 millones de hectáreas planteada en el Acuerdo.
El Plan de Electrificación Rural enfrenta un panorama crítico: requiere $18,2 billones para universalizar el servicio, lo que duplica la cifra inicialmente prevista, y carga con un déficit estructural de $10,26 billones.
Por qué es importante: De los 16 Planes Nacionales Sectoriales de la RRI, la mitad presenta cobertura territorial insuficiente y falta de articulación entre entidades, lo que compromete la efectividad de las acciones.
En materia educativa, el Plan de Educación Rural tiene un presupuesto indicativo de $45,06 billones hasta 2031, de los cuales se han apropiado $27,8 billones. En 2024, la ejecución alcanzó el 74,7% de los $1,74 billones asignados.
Otro de los ejes evaluados fue el fortalecimiento de la economía campesina, familiar y comunitaria, que ha recibido $8,95 billones. Sin embargo, el impacto ha sido limitado debido a problemas de articulación local, ausencia de línea base y deficiencias logísticas.
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