El Programa de Alimentación Escolar (PAE), eje fundamental para la permanencia de niños y adolescentes en el sistema educativo, se encuentra hoy bajo la lupa de los entes de control. La Contraloría General de la República emitió una contundente alerta tras detectar graves fallas en las condiciones laborales de las manipuladoras de alimentos y riesgos inminentes en la ejecución de los recursos públicos destinados a este fin.
Panorama general: La investigación del ente de control revela que las mujeres encargadas de preparar las raciones diarias enfrentan un panorama de inestabilidad y desprotección. A través de un seguimiento detallado, se identificaron prácticas de contratación fragmentada, donde los vínculos laborales se limitan a periodos de apenas cuatro meses.
Esta dinámica no es accidental. Según la Contraloría, estos esquemas recurrentes de vinculación corta podrían estar siendo utilizados de manera sistemática para diluir las obligaciones de ley, especialmente en lo referente a la seguridad social y el reconocimiento integral de derechos laborales.
La problemática trasciende lo administrativo y entra en el terreno de lo fiscal. Durante las Auditorías de Cumplimiento realizadas en la vigencia 2025, el organismo detectó cerca de 30 hallazgos a nivel nacional. De estos, 20 tienen incidencia fiscal y suman más de $18.600 millones de pesos.
Escándalo en el PAE: Contraloría detecta desvíos por $18.600 millones y abusos laborales
El origen de este «hueco» financiero es indignante: se han reportado presuntos sobrecostos porque, aunque el Estado desembolsa los recursos para garantizar salarios dignos, algunos operadores se estarían quedando con ese dinero en lugar de pagarlo a las manipuladoras. Es decir, el presupuesto público se estaría desviando mientras quienes ejecutan la labor en las cocinas reciben remuneraciones injustas o sufren retrasos constantes en sus pagos.
El clamor por mejores condiciones no es nuevo. Entre 2024 y 2025, la Contraloría recibió 1.069 reportes de peticiones ciudadanas vinculadas al PAE. Un análisis profundo de estas quejas arroja cifras alarmantes:
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312 denuncias advierten sobre afectaciones laborales directas, como retrasos en pagos e irregularidades contractuales.
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Cerca de 50 quejas señalan específicamente las condiciones deplorables de las manipuladoras, configurando un patrón de abuso que va más allá de casos aislados.
Por qué es importante: Ante la gravedad de los hallazgos, la Contraloría General instó formalmente al Ministerio del Trabajo para que inicie de inmediato labores de inspección, vigilancia y control. El objetivo es claro: verificar que los operadores cumplan con la normativa laboral vigente y proteger los derechos de estas trabajadoras esenciales.
Asimismo, se recordó a las entidades territoriales y operadores la obligatoriedad de cumplir con la Ley 2466 de 2025 y la reciente resolución de la Unidad de Alimentos para Aprender (UAPA), que exigen condiciones de dignidad humana y legalidad en la ejecución del programa.
En una perspectiva más amplia, la vigilancia fiscal entre 2022 y 2025 ha determinado hallazgos totales por $49.662 millones en el PAE. Los sobrecostos representan el 67% de estas irregularidades, con las regiones Caribe y Centro Oriente como los focos de mayor preocupación, acumulando entre ambas más de $24.000 millones en presuntos manejos irregulares.
