La Contraloría General de la República ha emitido un comunicado urgente en el que alerta sobre serios riesgos en la seguridad energética del país, destacando la posibilidad de un “inminente desabastecimiento” en el sector.
La Contraloría General alerta sobre riesgos de desabastecimiento energético y sus impactos en la economía nacional
El informe fue dado a conocer tras un análisis exhaustivo sobre la Seguridad y Confiabilidad Energética, realizado por la misma entidad, que plantea que, de no tomarse acciones inmediatas, el sector energético podría enfrentarse a graves consecuencias económicas y sociales.
En su comunicación, la Contraloría dirigió una advertencia al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, señalando la responsabilidad de su cartera en la implementación de medidas que permitan mitigar estos riesgos.
El informe destaca que los posibles efectos adversos en el sector energético afectarían no solo a la economía nacional, sino también a los intereses patrimoniales, los cuales se verían seriamente comprometidos ante una posible escasez de suministros energéticos.
Causas del riesgo de desabastecimiento
Según la Contraloría, la situación se debe a una serie de factores que están incidiendo de manera negativa en la estabilidad energética del país. La entidad identificó cuatro causas principales que contribuyen al actual escenario de riesgo:
- Caída de los ingresos por regalías: La Contraloría atribuye la disminución de los ingresos provenientes de regalías a una reducción en la producción de hidrocarburos y sus exportaciones. Esta caída en la producción de petróleo y gas natural está afectando gravemente las finanzas del sector, lo que podría llevar a una crisis de abastecimiento.
- Riesgo de subsidios a servicios públicos: La Contraloría alertó también sobre la necesidad de destinar recursos públicos para cubrir subsidios en servicios públicos, lo que podría elevar aún más los costos de la energía para los usuarios. Esta situación se agravaría debido a la posible importación de energía a precios más altos, generando un aumento en las tarifas de electricidad y combustibles.
De acuerdo con el informe, la falta de presupuesto suficiente para cubrir estos aumentos, y la ausencia de giro de recursos cercanos a los $2,5 billones destinados a este fin, podrían poner en riesgo la continuidad del servicio en algunas regiones.
- Desincentivo a la inversión extranjera: La Contraloría también mencionó la ausencia de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos y carbón como una de las principales razones por las cuales la inversión extranjera ha disminuido. Este fenómeno ha tenido un impacto directo en el Producto Interno Bruto (PIB) del país, limitando las inversiones en infraestructura energética y frenando las oportunidades de crecimiento en el sector. La falta de inversión no solo ha repercutido en el abastecimiento, sino también en la capacidad de satisfacer las crecientes necesidades energéticas de la población.
- Incremento en los subsidios a combustibles: Finalmente, el informe de la Contraloría destacó el riesgo de un aumento en los subsidios a los combustibles debido al alza de los precios internacionales de los productos energéticos. Este fenómeno incrementaría el déficit existente en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que actualmente enfrenta un desfinanciamiento de $100 billones tras 15 años de funcionamiento. En este contexto, el aumento de los subsidios podría generar un déficit fiscal aún mayor y afectar la estabilidad económica del país.
Impacto en los consumidores y la economía nacional
La Contraloría subrayó que estos cuatro factores limitan la producción energética y podrían elevar considerablemente el costo de los servicios para los usuarios. Además, advirtió que la pérdida progresiva de los recursos energéticos podría llevar a que algunas familias busquen alternativas más económicas y menos eficientes, como el uso de leña para calefacción, lo que generaría un riesgo adicional para la salud pública y el medio ambiente.
El ente de control instó al gobierno y al Ministerio de Minas y Energía a tomar acciones inmediatas para evitar que la situación se agrave. La inestabilidad energética no solo pondría en peligro el desarrollo económico del país, sino que afectaría la calidad de vida de millones de colombianos que dependen de los servicios públicos básicos.
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