La Contraloría General de la República encendió las alertas frente al manejo del Presupuesto General de la Nación para 2026 y pidió al Gobierno nacional adoptar medidas de austeridad para corregir el desbalance fiscal que quedó tras su aprobación en el Congreso. Para el organismo de control, el escenario actual deja poco margen de maniobra y obliga a replantear el gasto público como principal salida.
Panorama general: El pronunciamiento se da mientras el Gobierno del presidente Gustavo Petro evalúa alternativas extraordinarias, entre ellas un eventual decreto de emergencia económica, para financiar una parte del presupuesto del próximo año, luego de que el Legislativo hundiera de manera definitiva la Ley de Financiamiento que buscaba cubrir el faltante.
De acuerdo con la Contraloría, el problema de fondo radica en un desequilibrio evidente entre los recursos aprobados y las obligaciones asumidas. Mientras los ingresos proyectados alcanzan los $530,7 billones, el nivel de gasto autorizado llega a $546,9 billones, lo que deja un hueco fiscal de $16,29 billones. Ese desajuste, explicó la entidad, estaba supeditado a la aprobación de la reforma tributaria propuesta por el Gobierno, que finalmente no superó el trámite legislativo.
En este contexto, el ente de control fue claro en señalar que el Ministerio de Hacienda no cuenta con muchas alternativas y que el recorte del gasto aparece como el camino más realista para 2026. Sin embargo, advirtió que el ajuste no será sencillo, debido a que cerca del 92 % del presupuesto presenta rigideces que lo hacen prácticamente intocable.
Presupuesto General de la Nación 2026: Contraloría alerta por hueco fiscal de $16,29 billones
Por qué es importante: La Contraloría insistió en que cualquier decisión debe tomarse con criterios de responsabilidad fiscal, priorizando la continuidad de los servicios públicos esenciales y evitando que el ajuste derive en un mayor déficit o comprometa la estabilidad macroeconómica del país en el futuro.
Uno de los principales obstáculos, según el análisis del organismo, es la alta proporción de recursos comprometidos en gastos obligatorios como nómina, pensiones y transferencias, especialmente las destinadas al Sistema General de Participaciones, que financia áreas sensibles para las regiones. Estos rubros, por su naturaleza, reducen de forma significativa la capacidad de hacer recortes inmediatos.
La situación no es muy distinta en el frente de la inversión. Allí también existen restricciones importantes, derivadas de proyectos que cuentan con vigencias futuras ya comprometidas, lo que limita la posibilidad de redistribuir recursos sin afectar planes en ejecución.
Como cierre, la Contraloría planteó que el ajuste presupuestal debe ir acompañado de una mejora en la eficiencia del gasto. Según la entidad, la ejecución presupuestal ha mostrado niveles superiores a los de años anteriores, lo que obliga a reforzar los mecanismos de control y planificación para garantizar un uso más efectivo de los recursos públicos.
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