La Contraloría General de la República abrió proceso de responsabilidad fiscal por 70.243 millones de pesos en contra de funcionarios contratistas implicados en el escándalo del Ministerio de las TIC.
Por: Redacción 360 Radio
De acuerdo con el organismo de control, la decisión se da por presuntas irregularidades en la planeación adelantada en el trámite de la licitación y manejo del anticipo del contrato que se suscribió en la Unión Temporal Centros Poblados y la entidad, para llevar Internet a más de 14.000 colegios en el territorio nacional.
El ente de control vinculó a funcionario del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (Funtic), entre ellos, Adriana Meza, representante legal; Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual y Camilo Jiménez Santofimio, supervisor del contrato.
Al proceso fiscal abierto por la Unidad de Investigaciones Especiales de la Corrupción, vincularon al “representante legal de Intec de la Costa S.A.S., Hugo Armando Canabal Hoyos y, Juan Sebastián Vergara Ortega, representante legal de Omega Bulding Constructora S.A.S., Miembros del Consorcio Pe2020 C Digitales, en calidad de interventor, representado legalmente por Paola Izquierdo Rivero; Pmo Solycom SAS, representada también por Izquierdo; Eurocontrol SA Sucursal Colombia, representada por Francisco Javier Barrena de Valencia y Telemediciones S.A.S., representada por José María Hougton Pérez.
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La investigación también abarca las irregularidades que se pudieron dar en el control y seguimiento adelantado por la interventoría con ocasión del contrato 1045 de 2020. Los hechos fueron declarados de impacto nacional por medio del auto 0048 del 10 de agosto de 2021.
Este miércoles, el representante legal del consorcio Centros Poblados fue citado por la Fiscalía General para que responda un interrogatorio, en el marco de las investigaciones penales que adelantan por las denuncias sobre aparentes irregularidades en el contrato con el Ministerio de las TIC.
El objetivo es que el representante legal de Centros Poblados entregue las explicaciones con relación a varios hechos, como su participación en la suscripción de la póliza de la oferta y de la garantía bancaria en el contrato con el Ministerio, que señalan, es falsa.