El hecho: La Contraloría desplegó funciones especiales de Policía Judicial en la Aerocivil para recopilar información relacionada con los procesos contractuales ejecutados entre 2024 y 2026.
¿Por qué es importante? La diligencia hace parte de un seguimiento fiscal y busca verificar la legalidad y el desarrollo de los procesos de contratación adelantados por la entidad.
¿Cuál es el contexto? La actuación se produce en medio de denuncias públicas sobre la contratación de la Aerocivil y del seguimiento que la Contraloría ya venía realizando a esos procesos.
¿A quiénes afecta y cómo? La revisión involucra a la Aerocivil y a los contratos suscritos durante las últimas tres vigencias. Los resultados del proceso podrían dar lugar a nuevas actuaciones de control fiscal.
El dato que no se puede perder: La Contraloría aclaró que solo después de revisar toda la documentación, los testimonios y las evidencias recopiladas determinará si existen méritos para iniciar una actuación formal de control fiscal.
La Contraloría General de la República puso en marcha una inspección en las instalaciones de la Aeronáutica Civil como parte del seguimiento que adelanta a los procesos contractuales ejecutados por la entidad entre las vigencias 2024, 2025 y 2026.
Contraloría revisa la contratación de la Aerocivil entre 2024 y 2026
De acuerdo con el organismo de control, la diligencia busca recaudar y copiar de manera integral la documentación relacionada con la contratación, además de obtener testimonios, evidencias y demás material probatorio que permita fortalecer la revisión en curso.
La actuación está a cargo de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Contraloría, que ejerce funciones especiales de Policía Judicial. Según explicó la entidad, la medida responde tanto al seguimiento que ya se venía realizando sobre los contratos como a las denuncias públicas presentadas por funcionarios y difundidas en medios de comunicación.
La información recopilada durante la inspección servirá para evaluar el desarrollo de los procesos contractuales y determinar si existen elementos que justifiquen la apertura de actuaciones de control fiscal.
La Contraloría precisó que, una vez concluya el análisis del material recaudado, definirá cuál es el procedimiento de control que corresponde adelantar, de acuerdo con los hallazgos que puedan surgir de la revisión.
