Contraloría imputó responsabilidad fiscal al exgobernador del Casanare por daño a recursos públicos

La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por $12.087 millones ante el daño producido a los recursos públicos del departamento del Casanare, en ocasión de las inversiones realizadas para la ejecución del proyecto de viviendas de interés social Torres del Silencio en Yopal.


Por: Redacción 360 Radio

De acuerdo con la Contraloría, la apertura del proceso verbal y la imputación a título de culpa involucra a Oscar Raúl Iván Flórez Chávez, exgobernador del departamento desde el primero de enero del 2008 hasta el 14 de febrero del 2011.

Además, están involucrados Iader Wilhelm Barrios Hernández, en calidad de cogestor del convenio y constructor del proyecto; Rodrigo Flechas Ramírez, director de contratación del departamento del Casanare y delegado para contratar; la Cooperativa de egresados de L Sur de Colombia, actual cooperativa de Profesionales de Colombia, que ejerció la Interventoría para el Período que va del siente de enero del 2011 al cuatro de agosto del 2012.

También Diseño Arquitectura y Construcción Diarco Ltda., hoy Diseño Arquitectura y Construcción Di, supervisor entre el 24 de agosto del 2011 al siete de junio del 2012; Julián Javier Daza López, interventor entre el 28 de mayor del 2013 al 28 de agosto del 2017; los asesores y supervisores, Jenny Consuelo Barrera Roldán; Renso Daniel Huesa Sana; Narda Consuelo Perrilla Alonso y Sandra Lorena Cruz Quintero.

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En la lista aparecen igualmente Rubiel Elías Vargas Pinto, jefe de la oficina asesora de planeación de Yopal, Casanare para el período 20 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011, quién aprobó la licencia de construcción y urbanismo; Lucía Gaona Martínez, jefe de la oficina de planeación de Yopal, Casanare, para el período 19 de junio de 2012 al 30 de marzo de 2015, que aprobó la prórroga de la licencia de construcción y urbanismo.

Finalmente, se encuentran los gerentes del Instituto de Vivienda Urbana y Rural de Yopal, Alexander Cortés Medina; Rafael Nayib Fonseca Saad y Didier Mauricio Montoya Campos.

El plazo de ejecución inicial del proyecto era de 12 meses, no obstante, tuvo site prórrogas que ascendieron a 34 meses y 23 días para un plazo total de 46 meses y 23 días. Durante la vigencia del contrato fueron suscritos cinco actas de suspensión de las cuales la suspensión cinco tuvo cinco ampliaciones y la quinta fue objeto de ocho ampliaciones, para un total de 25 meses y 21 días.

La Contraloría indicó que después de diez años no fue posible concluir el proyecto y lo ejecutado no cumple con la norma sismo resistente y el proceso constructivo tuvo deficiencias en temas de calidad, además de aspectos administrativos, jurídicos y financieros que contribuyeron en la no culminación del proyecto de infraestructura.

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