El sistema de salud en Colombia enfrenta un nuevo remezón tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de ordenar a la Superintendencia Nacional de Salud la revocatoria de licencias de operación a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con peor desempeño. En este contexto, Coosalud aparece como la primera en riesgo de perder su habilitación para operar.
La decisión se sustenta en el Decreto 780 de 2016, que establece las causales para retirar la autorización de funcionamiento a estas entidades cuando presentan fallas reiteradas en la prestación del servicio, incumplimientos financieros o manejo irregular de recursos públicos. Según lo anunciado, las EPS que sean sancionadas no podrán seguir administrando el sistema ni garantizando la atención de sus afiliados.
El Gobierno de Colombia ordena revisar y retirar la operación a EPS con bajo desempeño, incluida Coosalud
Durante su intervención, el mandatario fue enfático en señalar que la medida apunta a proteger a los usuarios y corregir deficiencias estructurales en el sistema. En ese sentido, indicó que la Superintendencia debe actuar frente a las entidades con mayores quejas y problemas de operación.
El caso de Coosalud adquiere especial relevancia debido a su situación reciente. El Tribunal Administrativo de Bolívar suspendió la intervención estatal que había sido ordenada en noviembre de 2024 y dispuso que la entidad regresara a sus antiguos directivos. Esta decisión fue cuestionada por el presidente, quien la calificó de equivocada y advirtió posibles implicaciones en el manejo de recursos públicos.
De acuerdo con el Gobierno, Coosalud presenta debilidades tanto en su situación financiera como en la gestión de recursos. Entre los señalamientos se encuentran presuntos desvíos de dinero destinado a la atención en salud y fallas en el cumplimiento de obligaciones con prestadores de servicios.
El decreto que respalda la medida contempla varias causales para retirar la licencia a una EPS. Entre ellas se incluyen incumplimientos en requisitos técnicos y administrativos, deficiencias en la red de servicios, retrasos en pagos a clínicas y hospitales, y limitaciones a la libre elección de los usuarios. También se consideran graves las irregularidades en el uso de los recursos públicos y la utilización indebida de intermediarios.
La eventual salida de Coosalud del sistema implicaría un proceso de reorganización para garantizar la continuidad en la atención de sus afiliados. En estos casos, los usuarios deben ser trasladados a otras EPS habilitadas, bajo la supervisión de las autoridades, para evitar interrupciones en los servicios de salud.
Previo al anuncio presidencial, también se conoció un listado de las EPS con mayor número de quejas ante la Superintendencia, lo que refuerza la intención del Gobierno de intervenir de manera más estricta en el sector. Sin embargo, el propio presidente advirtió que estas decisiones podrían enfrentar obstáculos judiciales.
El escenario abre un nuevo capítulo en el debate sobre la reforma al sistema de salud en Colombia. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de depurar las entidades que no cumplen con los estándares, distintos sectores advierten sobre los retos que implicará garantizar la atención de millones de usuarios en caso de una salida masiva de EPS.
En medio de este panorama, la actuación de la Superintendencia y las decisiones judiciales serán determinantes para definir el futuro de Coosalud y el alcance real de la medida anunciada por el Ejecutivo.
#POLÍTICA En medio de la alocución presidencial, el alto mandatario Gustavo Petro pidió investigar si los explosivos que fueron usados en los ataques terroristas registrados en el Cauca, provienen desde Ecuador.
Reiteró en que pretender sabotear las próximas elecciones, para… pic.twitter.com/gzGRokCN9z
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 28, 2026
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