La inflación en Colombia podría volver a tomar fuerza en 2026 y ubicarse en 6,5%, impulsada principalmente por el fuerte incremento del salario mínimo aprobado para ese año, según un análisis del equipo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana. La proyección supone un giro frente al proceso de desaceleración que venía mostrando el país y reabre el debate sobre la sostenibilidad de la política de ingresos en un contexto de precios todavía elevados.
Para dimensionar el reto, primero hay que mirar el punto de partida. La inflación cerró 2025 en 5,1%, apenas por debajo del nivel registrado un año antes, lo que evidencia que el país sigue lejos del rango meta del Banco de la República. Mientras economías comparables de América Latina como Brasil, Chile, México y Perú ya lograron llevar la inflación a niveles controlados, Colombia se mantiene rezagada, completando cinco años consecutivos por fuera del objetivo del emisor.
De acuerdo con Corficolombiana, una de las principales razones detrás de esta persistencia es la alta indexación de la economía. Una gran parte de los precios, en especial los de los servicios, se ajusta automáticamente con base en la inflación pasada o en el salario mínimo, lo que genera una inercia que hace mucho más difícil bajar el costo de vida únicamente con tasas de interés más altas.
Ese problema se agudiza en 2026. El salario mínimo fue incrementado en 23%, un porcentaje que, según el informe, supera ampliamente lo que habría sugerido la regla técnica de ajuste. Para los analistas, este aumento se convierte en el principal detonante de nuevas presiones inflacionarias, ya que cerca del 60% de la canasta del Índice de Precios al Consumidor está vinculada directa o indirectamente a este ingreso básico o a la inflación del año anterior.

Como resultado, Corficolombiana revisó al alza sus proyecciones y ahora estima que la inflación llegará a 6,5% en 2026, frente al 4,9% que se preveía antes del ajuste salarial. Ese salto no sería homogéneo. El mayor impacto se sentiría en los servicios, donde la inflación pasaría de 5,7% a 8,7%, reflejando el peso de los costos laborales en actividades como restaurantes, educación no formal, peluquerías y servicio doméstico. Si se excluyen los arriendos, la inflación de estos servicios podría incluso acercarse al 12%.
A estos factores se suman otros riesgos que podrían reforzar el alza de precios. El informe advierte sobre posibles incrementos en las tarifas de servicios públicos, debido al menor abastecimiento local de gas y electricidad. También señala que la demanda interna tendrá un impulso adicional por mayores ingresos, el flujo de remesas y una buena cosecha cafetera, a lo que se agrega un mayor gasto público.
El problema, según los analistas, es que una inflación alta en 2026 no se quedará ahí. Al estar muchos contratos y arriendos indexados al IPC, un año con precios elevados “contamina” el siguiente, sembrando presiones para 2027 y complicando aún más el retorno a la estabilidad de precios.